IU pide la exhumación también del cadáver de Primo de Rivera y convertir El Valle de los Caídos en un memorial para las víctimas de la dictadura franquista

La responsable de Memoria Democrática de IU, Esther López Barceló, valora la exhumación del “dictador y genocida” Francisco Franco, pero solicita al Gobierno “pasos valientes” y no “simples gestos que llegan con 43 años de retraso”. Además, IU pide no equiparar a víctimas y verdugos: “¿Se imaginan a miles de víctimas del Holocausto enterradas junto a los mentores de aquel genocidio?”
Izquierda Unida, a través de su responsable de Memoria Democrática, Esther López Barceló, ha solicitado hoy al Gobierno que, además de los restos del “dictador y genocida” Francisco Franco, se exhumen también los de José Antonio Primo de Rivera –enterrado junto a la tumba de Franco, venerado durante los 40 años de dictadura y olvidado por el Real Decreto Ley que ha publicado esta mañana el BOE–. Primo de Rivera fue uno de los fundadores de los principios que marcaron la dictadura franquista y así mismo se le siguió considerando durante todo ese periodo. Por este motivo, IU considera que “no puede seguir enterrado junto a miles de víctimas del franquismo”.
La responsable de Memoria Democrática de IU ha destacado que el Real Decreto Ley “lamentablemente no plantea las cosas por su nombre y no habla de exhumar los restos del dictador, sino de exhumar los de quien no muriera en la Guerra Civil. Esto también es peligroso porque abre un limbo jurídico hacia aquellos restos de desconocido origen que durante la dictadura se exhumaron de fosas comunes de todo el Estado sin informar a las familias”.
El argumento del Gobierno de que el mentor falangista permanezca en el lugar porque murió en el transcurso de la Guerra Civil tiene, a juicio de IU, un error de fondo: En el preámbulo del Real Decreto Ley se dice que el Valle de los Caídos ha de ser un lugar de “homenaje igualitario a todas las víctimas”. Para IU resulta “urgente” retirar este propósito, dado que supone mantener la tesis de la equidistancia, que iguala a víctimas y verdugos. Y esto supone, además de un nuevo desprecio hacia las víctimas, una vulneración de toda la normativa internacional sobre verdad, justicia y reparación. “Jamás podrá hacerse una resignificación del Valle desde este punto de partida”, ha enfatizado López Barceló, quien ha reflexionado: “¿Se imaginan a miles de víctimas del Holocausto nazi enterradas junto a los mentores de aquel genocidio?”.
No obstante, IU valora positivamente la puesta en marcha de la exhumación de Franco de su emplazamiento actual. “La fórmula jurídica nos parece aceptable dado que es una urgencia democrática que llega con 43 años de retraso, 21 de los cuales fueron bajo gobiernos del PSOE”, ha recordado López Barceló. Además, “la iniciativa viene impulsada por un consenso parlamentario que permite dar carácter de urgencia a una petición que se aprobó en 2017 y que no se había llevado a la práctica”, recuerda. 
IU ya exigió la exhumación de Franco del mausoleo construido por presos republicanos en los debates de la ley de Memoria Histórica de 2007 y, posteriormente, el grupo parlamentario de La Izquierda Plural lo incluyó en 2014 como enmienda en una PNL presentada por el PSOE para "reconvertir" el Valle de los Caídos. Por tanto, IU apoyará, por coherencia democrática, que los restos del dictador puedan salir definitivamente de allí.
López Barceló encuentra otra laguna en el decreto publicado, que solicita al Gobierno que tenga en cuenta: “Debería haber desarrollado un mecanismo para permitir las exhumaciones de los restos cuyos familiares no quieren que sigan permaneciendo en ese mausoleo a la infamia”. 
La Ley propuesta por Izquierda Unida
El pasado 29 de junio, Izquierda Unida presentó en el Congreso, arropada por representantes de numerosas asociaciones de la Memoria Democrática y colectivos de víctimas del franquismo, una Proposición de Ley Integral de Memoria Democrática y de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Franquismo y la Transición. El texto –que consta de cuatro títulos, 63 artículos y 17 disposiciones, entre adicionales, derogatorias y finales– conforma “la ley más completa sobre la Memoria elaborada desde 2007, cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de Rodríguez Zapatero”, según la cafilicó el coordinador federal de IU, Alberto Garzón.
En lo referido al Valle de los Caídos, la ley de IU plantea una solución integral, que va más allá de la iniciativa publicada hoy por el Gobierno del PSOE. Además de lo planteado anteriormente, la propuesta de IU insta a “recuperar la gestión pública del espacio para Patrimonio del Estado y que se proceda a desacralizarlo para que pueda disfrutar de él toda la ciudadanía” y pide la “resignificación” de todo el complejo del Valle de los Caídos para que se convierta en “un lugar de memoria donde se expliquen los crímenes del franquismo, con especial atención al sistema concentracionario español, al Patronato de Rendición de Penas del Trabajo y su relación con las grandes empresas y el papel de la Iglesia católica”.
El texto también plantea, entre otras cuestiones, atender a las víctimas que deseen exhumar los restos de sus familiares, recuperar el nombre original del espacio –Valle de Cuelgamuros– y que se eliminen todas las expresiones o connotaciones franquistas que todavía permanecen, junto a la monumental cruz-espada, “incompatible con la resignificación del espacio”. En lo relativo a la exaltación del dictador, IU es partidaria de prohibir los homenajes “a quienes promovieron el Golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y apoyaron al franquismo”.
Con voluntad de completar la iniciativa “insuficiente” de exhumar el cuerpo de Franco, IU emplaza así al Gobierno a que inicie lo antes posible “el debate parlamentario de la Proposición de Ley de Memoria Democrática registrada hace apenas unos meses para mejorar estos términos y para avanzar en garantizar la justicia, la verdad y la reparación. El estado español es una anomalía democrática en cuanto a la no aplicación de la legislación internacional en materia de persecución de crímenes de lesa humanidad. Después de 40 años de impunidad franquista es hora de los Derechos Humanos”, ha concluido López Barceló.

IU traslada su pésame a la familia de Javier Ardines y a sus compañeros de militancia en Asturias












La dirección de IU Federal pide prudencia y respeto hacia la familia, a la espera de que la Policía avance en su investigación 

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, y el secretario de organización de IU, Ismael González, han manifestado su “dolor y consternación ante las trágicas causas de la muerte del compañero concejal de Llanes, Javier Ardines”. 

La dirección de IU federal quiere así manifestar su solidaridad con la familia de la víctima, con la organización de IU Llanes y con IU Asturias al completo: “El trabajo que Javier ha realizado durante años al servicio de la mejora de la sociedad en la que vivimos merece un reconocimiento, tanto como militante de la organización de IU Asturias como al servicio de los vecinos y el municipio de Llanes durante el tiempo que desempeñó las funciones de concejal”. 

Sobre la investigación del caso, IU mantendrá su prudencia mientras la Policía mantenga abiertas las pesquisas. “En estos momentos, en los que se están produciendo la investigación para esclarecer los hechos, pedimos cautela y respeto hacia la familia hasta que finalicen las investigaciones”, ha trasladado la dirección de IU.

IU denuncia que la reforma sanitaria del PSOE deja en un limbo a miles de embarazadas, menores de edad y mayores de 65 años reagrupados


La organización insta al Gobierno a clarificar el reciente Real Decreto, que sigue tratando a las personas sin permiso de residencia como 'ciudadanía de segunda' y que no precisa las consecuencias que tendrá en colectivos extranjeros como embarazadas, menores de edad y mayores de 65 años reagrupados. La diputada Eva García Sempere recuerda que, hace dos años, la postura del PSOE en la oposición era más garantista con estas personas. 

Izquierda Unida, a través de su diputada por Málaga, Eva García Sempere, ha denunciado que la reforma del nuevo Real Decreto Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, no sirve para resolver la exclusión sanitaria que sufren desde hace años las personas sin permiso de residencia: “Ni siquiera se vuelve a la situación anterior a 2012, cuando tenían tarjeta sanitaria, igual que el resto”. Entre otros servicios, el hecho de tener tarjeta sanitaria garantiza un acceso igualitario a las prestaciones farmacéuticas, las consultas con los especialistas, etc. IU considera “insuficiente” la reforma llevada a cabo, que se queda “muy por debajo de lo que tan sólo hace dos años pedía este mismo partido”. 

La diputada malagueña, que ha estudiado el texto del PSOE junto a la Red de Activistas de Salud, se muestra “profundamente preocupada por los problemas que la nueva legislación no corrige y los que incluso podría agravar”. 

Además, el texto tendrá consecuencias directas sobre las personas mayores de 65 años reagrupadas. IU entiende que la reforma de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud no les garantizaría la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos. “Se pretende seguir exigiendo tener un seguro médico privado a las personas mayores que han obtenido el permiso de residencia por reagrupación familiar”, ha criticado García Sempere. Según la parlamentaria, “significa una contradicción normativa y ética que se pueda obtener el permiso de residencia para los padres y madres cuando su estado de salud requiere cuidados y, después, el Estado no se haga cargo de la asistencia sanitaria necesaria”. 

Esta norma afecta también a los extracomunitarios que son reagrupados por una persona española. E igual ocurre con las reagrupaciones realizadas por no comunitarios residentes en nuestro país, a quienes también se les exige un seguro médico privado para poder reagrupar a las personas ascendientes a cargo. 

El nuevo real decreto tampoco garantiza claramente el derecho con cargo a fondos públicos de las mujeres embarazadas y de menores con residencia inferior a 90 días, puesto que no deroga la disposición adicional segunda del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, que regula la condición de persona asegurada y de beneficiaria a efectos de la asistencia sanitaria en España. En opinión de IU, existe una contradicción entre la disposición previa y la nueva redacción del punto dos del artículo tercero de la Ley16/2003. 

Además de estos perfiles concretos, “debemos construir un marco en el que las Comunidades Autónomas que asuman el mandato de garantizar el acceso puedan hacerlo sin problemas y para que las Comunidades Autónomas que se empeñen en prácticas de exclusión no tengan resquicios para desplegarlas sistemáticamente y tengan que obedecer el mandato de inclusión, algo que tampoco se garantiza actualmente”, ha reivindicado García Sempere. 

Izquierda Unida insta al Gobierno a clarificar estos puntos cuanto antes, presentando un borrador de la reglamentación pendiente según el punto 1 del artículo 3bis de la Ley 16/2003 antes de la votación de este RDL en el Congreso o, en su defecto, a modificar el RD 240/2007 y el RD 577/2011, así como a derogar la disposición segunda del RD 1192/2012. 

Además, múltiples voces –desde los colectivos médicos y sanitarios hasta las plataformas de defensa de la Sanidad Pública– han pedido reiteradamente, por razones de justicia y humanidad, la modificación de estas leyes o su desarrollo con el fin de paliar los efectos negativos que produce, sobre todo entre los colectivos sociales más desfavorecidos y afectados por la crisis. 

Al margen de las críticas, Izquierda Unida valora el cambio de concepto que significa que sea el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el que reconozca a partir de ahora el derecho a la asistencia sanitaria a toda la ciudadanía, así como que desaparezca la figura de persona beneficiaria pasando a ser toda la ciudadanía titular de su propio derecho.