IU plantea al Gobierno un ambicioso “plan global de reactivación industrial liderado por el sector público y con participación sindical”

Alberto Garzón firma la iniciativa que espera que pueda debatirse cuanto antes para que, frente a la “peligrosa inacción y la falta de respuesta del PP” ante la destrucción de la industria se avance hacia un “nuevo modelo productivo basado en el empleo de calidad, la innovación tecnológica, la sostenibilidad medioambiental y el fortalecimiento del mercado interior”
Izquierda Unida mantiene su seria preocupación por la situación económica por la que atraviesa el Estado español desde hace años, pese a la reiterada propaganda del Gobierno del PP sobre una mejora sustancial y una paulatina salida de esta larga crisis. Es en este contexto, dentro de las propuestas concretas que realiza esta formación para enfrentar los graves problemas que tratan de ocultarse, donde se encuadra la iniciativa parlamentaria registrada esta semana por el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, para, entre otras cuestiones, instar al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que desarrolle “un plan global de reactivación industrial liderado por el sector público y con participación sindical” con el que avanzar en un “nuevo modelo productivo basado en el empleo de calidad, la innovación tecnológica, la sostenibilidad medioambiental y el fortalecimiento del mercado interior”.
Esta propuesta, elaborada con el formato parlamentario de proposición no de ley, busca ser también una llamada de atención sobre la “peligrosa inacción y la falta de respuesta del PP hacia un sector que nunca ha estado entre sus prioridades ni para el crecimiento sostenido del país, ni para la creación de empleo estable y de calidad”.
De ahí que IU plantee también en su iniciativa “articular planes sectoriales para hacer frente a los procesos de reestructuración y deslocalización industrial, y desarrollar políticas de cualificación y formación profesional en los ámbitos productivos”.
Garzón analiza y pone cifras a lo que está pasando en realidad. Cita un estudio de CC.OO para denunciar que “no se han tomado medidas para suavizar los desequilibrios y dificultades que arrastran los sectores que deberían pilotar la recuperación económica”. De esta forma, “la industria sólo ha recuperado el 22% de la producción que se destruyó durante los años más duros de la crisis. Su participación en el PIB se sitúa 7,5 puntos porcentuales por detrás del objetivo (un peso de la industria en el PIB agregado europeo del 20%) que aspira alcanzar la Unión Europea (UE) en 2020”.
La crisis industrial necesita de respuestas que alcancen también a otros sectores, de ahí que IU proponga también “crear un polo de banca pública en nuestro sistema financiero con divisiones especializadas en la financiación empresarial”.
Las cifras en la industria son desoladoras. Alberto Garzón recurre a datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) para explicar que “el 1 de enero de 2008 había en España 3.414.779 empresas, de las cuales el 7,2% (245.954 empresas) eran industriales. Además, el 23,7% de las grandes empresas eran industriales. El 1 de enero de 2015, el número de empresas descendió hasta 3.182.321, de las que el 6,2% son industriales (197.191 empresas). El porcentaje de grandes empresas que son industriales descendió hasta el 21,2%. La pérdida de empresas en el sector industrial ha sido superior en términos relativos a la producida en el conjunto de la economía”.
La completa iniciativa que firma el coordinador federal de IU, para la que espera tener pronto cupo y poder incluirla en el orden del día para su debate, insta también al Ejecutivo del PP a “fomentar el diseño industrial, la calidad y la cooperación entre pequeñas y medianas empresas para acometer proyectos industriales de cierta dimensión, la internacionalización para la exportación y la apertura de nuevos mercados”.
Garzón advierte también de un hecho tan significativo como que entre 2008 y 2015 “el empleo industrial ha pasado de suponer el 16,3% al 13,6% del total en España. El empleo asalariado en la industria ha descendido desde el 17,5% al 14,7% entre el primer trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de 2015, según la Encuesta de Población Activa (EPA)”.
Avisa también de que es “un error apostar por la reducción de costes laborales como elemento central de la competitividad de las empresas. Esto hace que España se perpetúe como el ‘low cost’ de los países del euro frente a la evidencia de que las industrias más competitivas se caracterizan por altos salarios y calidad en el empleo. Por el contrario, mejorar la productividad para obtener menores costes de producción, exige impulsar la investigación y el desarrollo, y una política energética bien planificada”.
De ahí que en la parte propositiva de la iniciativa Izquierda Unida plantee “converger con Europa en inversión pública en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), y estimular la participación del sector privado en actividades innovadoras”.
Alberto Garzón cierra sus propuestas para abordar los graves problemas de la industria con una de absoluta actualidad en las últimas semanas, dada la repercusión del precio de la energía en las empresas. Por ello, plantea que se establezca “una planificación energética que apueste por las tecnologías renovables, reduzca la dependencia del exterior, considere al suministro eléctrico como un servicio público esencial e introduzca transparencia en la formación de precios en el mercado de la energía”.

IU solicita a Fiscalía una investigación a las compañías eléctricas por prácticas fraudulentas


Maíllo: "Si las eléctricas fueran estatales esta especulación en el precio de la luz no se habría producido"
El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, junto alcaldes, diputados y cargos públicos han presentado una denuncia solicitando al Ministerio Público que investigue por qué, en un periodo de altísima demanda como el de esta ola de frío, las empresas han modulado a la baja la producción de las centrales de gas, provocando así un encarecimiento del precio de la energía.
IU a través de esta denuncia, firmada también por el coordinador general de IU, Alberto Garzón, los cinco parlamentarios andaluces y los diputados nacionales, Miguel Ángel Bustamante y Eva Sempere, piden al fiscal que investigue también si las eléctricas que cuentan con una red deficitaria en algunas zonas del país, las llamadas zonas blancas, están incumpliendo su obligación de garantizar el acceso a la energía a todos los ciudadanos sin interrupciones
"A nuestro entender, explica el coordinador de IU Andalucía, se impone la apertura de una investigación que ponga en evidencia el recurso constante de las compañías a maniobras fraudulentas tendentes a aumentar sus beneficios así como  actuaciones contundentes y ejemplarizantes que las hagan desistir de tales prácticas". "Es inaceptable y un insulto a la sociedad española", critica Maíllo, la puesta en escena del ministro de industria Nadal porque "los poderes públicos, que deben velar por el interés general y la protección de todas las personas, especialmente las más vulnerables, eludan su responsabilidad y mantengan un marco de impunidad en el que estas empresas operan con arbitrariedad, pleno conocimiento del mal que causan, y absoluto desprecio por las durísimas condiciones cotidianas a las que se enfrentan quienes no pueden pagar la energía eléctrica".
En el escrito registrado esta mañana en la Fiscalía Provincial de Sevilla, Izquierda Unida insiste que la regulación del mercado energético se ha concretado en unos parámetros legales que "favorecen los intereses empresariales en detrimento de las personas usuarias". "Incluso desde el cumplimiento escrupuloso de la legalidad vigente se produce un margen de beneficio para las compañías suministradoras difícilmente justificable desde la defensa del interés general y el carácter básico del servicio prestado por estas empresas".
Eva García Sempere, diputada de IU en el grupo parlamentario Unidos Podemos, ha recordado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reiterado en sus informes "estas disfunciones, al tiempo que ha sancionado a compañías por emprender acciones tendentes a manipular los precios al alza". En concreto, Iberdrola fue sancionada en diciembre de 2015 con 25 millones de euros, en palabras de la Comisión por “manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica”. Aquel episodio, explica,  movió al gobierno a cambiar el sistema de fijación de precios, "supuestamente para evitar que la luz incrementara de golpe", aunque como la propia Comisión ha revelado en su último informe, "las modificaciones introducidas han elevado los ya escandalosos márgenes de beneficio de las empresas por encima del 30 por ciento".
Por su parte, Miguel Ángel Bustamante ha defendido la "nacionalización de las eléctricas" cuyas prácticas  "están generando una gran indignación social" por tanto entendemos, insiste Bustamante,  "desde lo público se debe gestionar la producción y distribución de la energía".
Desde el convencimiento de que ningún ser humano puede ser privado de este derecho por causas económicas, explica la denuncia registrada por IU, "entendemos que deben producirse profundos cambios legales en nuestro país dado que entendemos que el actual es injustamente ventajoso para las empresas y lesivo para la población". "No obstante, incluso en el ámbito de este marco legal que impugnamos, las empresas pudieran estar operando al margen de lo legalmente establecido, influyendo en los  precios de la energía por razones ajenas a la prestación del servicio, y eludiendo su responsabilidad como compañías suministradoras al invertir insuficientemente en las infraestructuras que la prestación de este servicio básico requiere para garantizarlo a toda la población".