Garzón apuesta por una “movilización ciudadana” que contribuya a alcanzar “el diálogo, la negociación y una salida política” que resuelvan la grave crisis en Cataluña

El coordinador federal de Izquierda Unida asegura en un encuentro informativo en Bilbao junto a Isabel Salud que no sirven ni “la posición insostenible de Puigdemont con una declaración unilateral de independencia sin el respaldo y la legitimidad suficiente”, ni la de Rajoy que “no puede pretender usar la porra para acabar con esos 2,5 millones de personas que demandan una posición política que no gusta al Gobierno”
El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha asegurado hoy que “hace falta la movilización ciudadana” para contribuir a buscar una salida a la grave crisis política en Cataluña que afecta a todo el Estado y que no se va a solucionar hasta que todos sus actores “no se sienten en una mesa a negociar”. “Hay que apostar por el diálogo, la negociación y por una salida política”, reclamó.
El máximo responsable federal de IU mantuvo esta mañana en Bilbao un encuentro informativo con los medios de comunicación junto a la coordinadora general de Ezker Anitza-IU y diputada en el Congreso, Isabel Salud. Reconoció sentirse “muy preocupado por la situación actual”, dado que toda la sociedad puede ver el “choque entre dos posiciones insostenibles”, y lo ha explicado. “Por un lado -detalló- tenemos la posición insostenible de Puigdemont que parece que pretende declarar la independencia unilateral en los próximos días, sin tener el respaldo y la legitimidad suficiente para ser declarada de ninguna forma”.
Por otro está la postura del presidente Mariano Rajoy, “igualmente o más insostenible”, porque “lo que no se puede hacer desde el Gobierno del Estado es ignorar un problema como el catalán”, ya que una “movilización de más de 2,5 millones de personas en Cataluña que demandó una propuesta de forma pacífica es un problema de profundidad social enorme, y no se puede ignorar ni pretender resolverlo a palos”.
En esta misma línea de razonamiento abundó que la declaración unilateral de independencia que quiere una de las partes es “un gravísimo error político si se produce, en cualquiera de las formas en que se pueda producir”, porque conlleva una “situación insostenible al no contar con la mitad de la población catalana”.
Mientras, del otro lado, “no se puede pretender usar la porra para acabar con esos 2,5 millones de personas que demandan una posición política que no gusta al Gobierno”, en una clara crítica a la “represión y el autoritarismo” utilizado hasta ahora.
Para Alberto Garzón, la aplicación del artículo 155 de la Constitución ya está ocurriendo “de facto, porque la intervención de la Generalitat se ha producido ya, aunque no se ha activado formalmente”.
Valoró también que el denominado ‘bloque independentista’ del que “se habla en el resto del Estado con objetivos claramente políticos, no es homogéneo”, y recordó que lo conforman fuerzas distintas como el PDeCAT, ERC, la CUP, además de parte de la sociedad civil.
A su juicio, “cada uno de esos tres partidos y las organizaciones de la sociedad civil tienen diferentes formas de ver lo que está ocurriendo”, por lo que mantienen “posiciones divergentes y de matices importantes sobre el proceso independentista”. Por el contrario, “Rajoy, en vez de saber leer los detalles y los matices, los cohesiona con su represión”, lo que lleva a que se encaminen “cada vez más a la declaración unilateral de independencia”, de la que ahora están más cerca que al día siguiente de la movilización del 1-O.
En medio de este panorama, Garzón ha reiterado la “propuesta política” lanzada ya hace semanas por Izquierda Unida y que “pasa necesariamente por el diálogo, la negociación y el entendimiento mínimo”, a partir de la apuesta “por una República federal” en la que quepan todos.
El máximo responsable de IU criticó la cobardía política de Mariano Rajoy que “no se atreve a defender su modelo territorial” y que, además, “se escuda detrás de policías, guardias civiles, de jueces y del jefe del Estado, poniendo a todos estos actores en primera línea de la batalla para que sean ellos quienes sufran el desprestigio”.
Preguntado por el mensaje televisado de Felipe de Borbón del pasado martes, reiteró la crítica por su tono “verdaderamente hostil, bronco y, probablemente, uno de los mayores errores de la Monarquía en las últimas décadas”. Analizó que “está comprometiendo su futuro al de Rajoy”, cuando “es el momento de la palabra y el diálogo que el propio jefe del Estado negó”.
A la hora de analizar las decisiones de diversas empresas y bancos que han anunciado o ejecutado ya el traslado de su sede social fuera de Cataluña, Alberto Garzón advirtió que “lo único que expresa es que la inestabilidad económica que puede producirse no es consecuencia del deseo del derecho a decidir de mucha gente, sino de la falta de diálogo y la irresponsabilidad de quienes no se quieren sentar a resolver un problema político”.
En esta jornada de trabajo en Bilbao -que se completará esta tarde con un acto público también junto a Isabel Salud-, no podía faltar también una valoración de la oferta de diálogo sobre Cataluña lanzada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, que Garzón consideró “coherente con el diálogo que nosotros defendemos” y que demuestra que también puede haber propuestas “razonables” como las que “defendería cualquier dirigente europeo de una derecha civilizada”.

Spot de la XXI Asamblea de IU Andalucía

Garzón denuncia que “la actitud cobarde del Gobierno de Rajoy” para abordar el conflicto catalán “convierte en protagonistas a instituciones que no deberían serlo” como la Policía y la Guardia Civil

El portavoz parlamentario de IU valora tras constatarse que agentes participaron en la concentración de ultraderecha del domingo en Zaragoza que “no se trata de un comportamiento generalizado, que afortunadamente tenemos una Policía y una Guardia Civil democráticas, aunque hay que reprobar ese comportamiento de quienes utilizan su condición de policías para coartar la libertad de expresión de representantes públicos o de cualquier ciudadano”
El coordinador federal y responsable parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha denunciado hoy que la “actitud cobarde del Gobierno de Mariano Rajoy por no afrontar el problema político en Cataluña” está convirtiendo “en protagonistas a instituciones que no deberían serlo”, como la Policía y la Guardia Civil, ya que el PP ha descartado abordar el conflicto catalán “desde la política y no desde la represión”.
Garzón participó esta mañana en la rueda de prensa conjunta en el Congreso con el resto de portavoces del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para presentar la solicitud de comparecencia urgente del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique la falta de dotaciones policiales que desembocó en el acoso a centenares de cargos públicos en la entrada del Pabellón Siglo XXI, el pasado domingo en Zaragoza mientras se celebraba la ‘Asamblea de cargos públicos por la fraternidad, la convivencia y las libertades’.
El máximo responsable de IU recordó como informaciones periodísticas constatan que agentes de policía “de forma individual y aislada participaron en la concentración convocada por la extrema derecha para coartar nuestra capacidad de celebrar una asamblea que tenía un propósito en favor del diálogo, de la fraternidad y de la democracia. Nos parece preocupante que puedan existir este tipo de comportamientos dentro de una institución tan necesaria como es la Policía”. 
Frente a ello, aseguró que “nosotros vamos a continuar defendiendo a las asociaciones policiales y denunciando las labores del PP que empeoran no sólo las condiciones de vida de estos agentes, sino el clima en el que desarrollan su actividad, haciendo en España un clima cada vez más irrespirable por la incapacidad del Gobierno de afrontar un problema político desde parámetros políticos y democráticos”.
Previamente, detalló a los medios presentes en la rueda que esta misma mañana, junto a otros/as miembros del grupo parlamentario, habían conversado “con los principales responsables de las asociaciones, tanto de policías como guardias civiles, para tomar el pulso de esta situación que nos preocupa”.
Comentó también que “hemos compartido reflexiones con la Plataforma Jusapol” -en cuyo chat diversos agentes llamaron a participar en la concentración de ultraderecha del domingo en Zaragoza y algunos prefirieron por esta vía graves insultos contra el coordinador de IU- y recordó también que hace poco estuvieron en el congreso de esta misma plataforma para apoyar sus reivindicaciones “de algo tan legítimo como la equiparación salarial entre las fuerzas de seguridad de todo el Estado”.
Alberto Garzón comentó que “desde Izquierda Unida hemos compartido desde 1991 las demandas laborales y salariales que vienen realizando estas asociaciones y nuestro vínculo con ellas es total”.
“Sabemos -apostilló- que no se trata de un comportamiento generalizado, que afortunadamente tenemos una Policía y una Guardia Civil que son democráticas, que estamos reclamando elementos necesarios para mejorar las condiciones de vida de estas personas que están realizando esas funciones y, que como decía también uno de los representantes de una de estas asociaciones policiales, hay que reprobar ese comportamiento de quienes utilizando su condición de policías, como en la concentración de la extrema derecha, acuden a coartar la libertad de expresión de representantes públicos o de cualquier otro ciudadano”.
A su juicio, “todo esto va en consonancia con este clima en el que se está convirtiendo desgraciadamente en protagonista a quienes no deberían serlo, la Policía y la Guardia Civil, que están para cumplir la ley, proteger el orden y para que la convivencia en nuestra sociedad se pueda realizar de forma democrática”.

IU exige sanciones a los Estados por no cumplir con la acogida de refugiados pero recuerda que esto es fruto de las políticas migratorias de la UE

La portavoz en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, señala que "dijimos desde el principio que el acuerdo nacía muerto porque no era vinculante" y pide "menos hipocresía" a la Comisión Europea. Denuncia la reforma de las políticas de asilo y la externalización de fronteras para apuntalar la Europa fortaleza
La responsable federal de Relaciones Internacionales y portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha exigido hoy a la Comisión Europea (CE) que “aplique sanciones” a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) por no cumplir con sus cuotas de acogida de refugiados, justo cuando se cumple el plazo estipulado para la reubicación y el reasentamiento de 160.000 personas. La eurodiputada ha destacado que “si los gobiernos europeos pueden incumplir este acuerdo no es más que la consecuencia de unas políticas migratorias europeas diseñadas para conseguir que no entre nadie”, por lo que ha pedido “menos hipocresía” a la Comisión Europea y que “cumpla y haga cumplir las obligaciones internacionales en materia de asilo y protección internacional”, en lugar de “aumentar la inversión para apuntalar la Europa fortaleza”.
“Dijimos desde el principio que este acuerdo para acoger a las personas refugiadas nacía muerto porque no era vinculante para los Estados miembros y, además, que era insuficiente porque la Unión Europea tiene la posibilidad de acoger a muchísimas más personas de las estipuladas”, explicó Albiol.
“Pues bien -apostilló- hoy se acaba el plazo y lo que vemos es que los Estados no cumplen, que el Estado español, por ejemplo, sólo ha acogido a un 11% de las personas que se comprometió, por lo que esperamos que la Comisión Europea, lo mismo que se emplea con firmeza para imponer y hacer cumplir sus políticas económicas, haga lo propio con unos gobiernos que se niegan a respetar la Convención de Ginebra”.
No obstante, Albiol ha recordado que “la Comisión Europea no puede resguardarse en un discurso hipócrita y culpar a los Estados del fracaso del plan, porque las políticas económicas que diseña están orientadas a lo contrario de la acogida y el respeto del Derecho internacional”. La UE se dirige “hacia un modelo en el que nadie tenga la posibilidad de entrar legalmente”, así que “si vamos hacia ahí, parece difícil que ni Juncker ni Tusk puedan exigir nada” a los gobernantes europeos.
La portavoz de IU en la Eurocámara insistió en que “escuchamos con frecuencia los toques de atención de Juncker” a los Estados miembros, pero “de lo que no se habla es de la perversión del sistema”. La UE “está inmersa en una reforma de sus políticas de asilo que discriminan a las personas y reducen el estatus de refugiado a aquellas que huyen de lo que la UE considere un conflicto armado”, además de poner en tela de juicio que incluso “personas perseguidas por motivos políticos, religiosos o de género puedan tener acogida en la UE”.
En este sentido, Albiol ha aclarado que, por ejemplo, los ciudadanos de Mali, donde hay un conflicto armado con tropas francesas desplegadas sobre el terreno, no tendrían este derecho porque la UE no le da categoría de guerra.
Por otro lado, lamentó el “éxito” de la Comisión y el Consejo a la hora de introducir “una diferenciación grave entre lo que ellos consideran migrantes económicos o personas que pueden pedir asilo político”. Para la eurodiputada “dividir a las personas que se juegan la vida en el mar o en las vallas para llegar a la UE ignora todas las recomendaciones y reglas internacionales” y, además, “institucionaliza la xenofobia”.
Albiol acusó también a ambas instituciones de “dar rienda suelta al cinismo más absoluto” y de “jugar con la vida de millones de personas”. “No se puede criticar a Erdogan de cara a la galería y luego mantener el ‘acuerdo de la vergüenza’ con Turquía, no se pueden verter ‘lágrimas de cocodrilo’ por los muertos en el Mediterráneo y apoyar financiera, logística y militarmente a las milicias que actúan como guardacostas libios”.
“La externalización de las fronteras en Turquía, Libia y Marruecos”, los acuerdos “a espaldas de la ciudadanía con países como Sudán o Níger”, los “chantajes a Afganistán para que acepte el retorno de miles de afganos y afganas” a cambio de mantener la ayuda al desarrollo o “la militarización de mares y fronteras” son “contrarios a la acogida y la solidaridad”, dijo
La apertura de “vías legales y seguras, los visados en origen y la cooperación en forma de ayuda al desarrollo y no de armas, material antidisturbios y control militar fronterizo son la solución”. En definitiva, “respetar la Convención de Ginebra y el Derecho internacional”, insistió.

IU impulsa en el Grupo de Unidos Podemos una iniciativa para la construcción o reapertura de vías ferroviarias para Andalucía, Castilla y León, Asturias y Extremadura

La proposición no de ley la firman, entre otros, Alberto Garzón, además de los/as también diputados/as de IU Eva García Sempere, Félix Alonso y Yolanda Díaz, los/as dos últimos/as encuadrados/as en las confluencias de En Comú Podem y En Marea  
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una iniciativa parlamentaria con el objetivo de impulsar la construcción o reapertura de distintas vías ferroviarias pertenecientes a infraestructuras que resultan fundamentales para Andalucía, Castilla y León, Asturias y Extremadura. La iniciativa, en formato proposición no de ley, resume en su título los principales fines que persigue, entre ellos, “la reapertura del servicio de trenes en la línea Monfragüe-Astorga, recuperación del servicio ferroviario desde Asturias hasta el sur de la Península Ibérica dando servicio a Castilla y León, Extremadura y Andalucía”, además de incluir en su enunciado su voluntad para “contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mitigando el cambio climático”.
La proposición no de ley la firma Alberto Garzón como portavoz adjunto del grupo confederal y, junto al coordinador federal de IU acompañan su rúbrica los/as también diputados/as de esta formación Eva García Sempere, Félix Alonso y Yolanda Díaz, los/as dos últimos/as encuadrados/as respectivamente en las confluencias de En Comú Podem y En Marea, respectivamente, además de otro/as parlamentarios/as del grupo.
La parte propositiva de la iniciativa plantea directamente “incluir la línea ferroviaria entre Astorga y Plasencia, ahora cerrada al tráfico ferroviario, en la Red Básica Ferroviaria Transeuropea sobre la traza existente -que ya tiene el impacto ambiental asumido-, con las modificaciones técnicas y de itinerario necesarias a los tiempos actuales y a las necesidades de transporte de mercancías, y evitando, en todo caso, más levantamientos de vías que buscan la desafectación del itinerario”.
La inclusión en la Red Ferroviaria Transeuropea resulta fundamental, de ahí que se exponga con nitidez que “en 2023 la Comisión Europea definirá la nueva Red Básica Ferroviaria Transeuropea, que se pondrá en servicio en 2030, donde debe contemplarse la línea Astorga-Monfragüe” y que estas decisiones “se tomarán basándose en las normas de obligado cumplimiento en todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea”.
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea propone también “tener en cuenta dicha línea -y su extensión hacia Sevilla y Huelva con conexión con el Puerto de Algeciras- en las normas del Cuarto Paquete Ferroviario de la Unión Europea”, así como “añadir esta línea a las que constituyen el Corredor Atlántico, dentro de los nueve corredores fundamentales de la Red Transeuropea de Transporte Ferroviario”.
Las citadas leyes y el Cuarto Paquete Ferroviario de la UE señalan que la planificación, el desarrollo y la explotación de las redes transeuropeas de transporte ferroviario deben contribuir a la consecución de importantes objetivos de la UE definidos, en particular, en la Estrategia Europa 2020 y en el Libro Blanco del Transporte 2011 de la Comisión Europea, como el fortalecimiento de la cohesión económica, social y territorial. Estos documentos tienen, asimismo, los ‘objetivos específicos de permitir el transporte sin fisuras, seguro y sostenible, de personas y de mercancías, asegurando la accesibilidad a todas las personas y la conectividad de todas las regiones de la Unión Europea’.
La iniciativa plantea también “realizar los estudios ferroviarios y proyectos técnicos necesarios para que en un año puedan licitarse, entre los respectivos tramos comarcales correspondientes, las obras de adecuación de la plataforma ferroviaria, así como la instalación y el material fijo de rodadura de ancho variable y sistemas necesarios de señalización, comunicaciones, y seguridad”.
La proposición no de ley se completa instando al Gobierno del PP a “rehabilitar las estaciones y zonas de atención a las personas en las edificaciones actuales disponibles o la ejecución de las obras nuevas necesarias” y a “promocionar las futuras conexiones comerciales, turísticas y de viajeros que den viabilidad económica a este corredor occidental”.
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea recuerda que en este mismo sentido de optimización del ferrocarril “se ha pronunciado el Parlamento andaluz conectando los puertos de Algeciras y Hueva con los corredores Mediterráneo y Atlántico, ya que Algeciras es el mayor puerto español en tráfico marítimo, y el de Huelva está situado en el más destacado polo químico del sur de Europa. La Línea del Oeste conectaría ambos corredores, además de abrir la importante relación del los puertos citados con Avilés, Gijón, A Coruña y Vigo”.
Del mismo modo, “iniciativas sociales en Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía abogan por la reapertura de la Vía de la Plata como justa reivindicación social de relacionar pueblos y comarcas que ven en el tren una base extraordinaria para el desarrollo de la actividad productiva, mejora de las condiciones de vida y mantenimiento de la población rural, ante la situación de áreas deprimidas que presentan en estos momentos”.
Se constata también que las iniciativas de gobiernos anteriores durante décadas para suprimir miles de kilómetros de ferrocarril calificado de  ‘deficitario’ “ha resultado más que negativa, hecho evidente con el paso del tiempo, las deficientes partidas presupuestarias para el tren normal no mejoran sino que empeoran esta situación, en el caso de los trenes de cercanías, de los trenes regionales, de los trenes de mercancías y de las Obligaciones de Servicio Público en el Transporte Ferroviario”.