El Congreso acepta 40 años después que la diputada García Sempere acceda a las actas secretas sobre el asesinato del joven andaluz García Caparrós
La parlamentaria de IU por Málaga señala tras levantar la Mesa del Congreso el veto que mantenía que “seguiremos peleando para que esta documentación sea totalmente pública y accesible”, pero “no sólo estas actas, también las del franquismo y de la transición, en las que todavía hay mucho que revelar”
La Mesa del Congreso de los Diputados ha autorizado a la diputada de Izquierda Unida por Málaga, Eva García Sempere, que pueda consultar las actas secretas que la Cámara Baja conserva sobre la comisión parlamentaria que investigó el asesinato de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que recibió un tiro en la manifestación del 4 de diciembre de 1977, cuando el pueblo andaluz salió a la calle en defensa de la autonomía.
García Sempere ha explicado que el órgano de gobierno del Congreso le ha autorizado, por fin, a consultar tres actas mantenidas secretas hace casi 40 años y que pertenecen a la documentación de la comisión de investigación que se conformó en el Congreso sobre el asesinato del joven García Caparrós.
La diputada señala que la reconsideración de la Mesa por la que obtiene el permiso, negado anteriormente, “es muy positiva” porque “por fin, después de 40 años con esta información vedada y tras mucha pelea en el Congreso, hemos conseguido que se abra paso un poco de luz”.
García Sempere recuerda que esta ‘batalla’ la dieron también hace años otros diputados de Izquierda Unida para poder ofrecer a la familia de García Caparrós la información que “llevan tanto tiempo buscando”.
La parlamentaria de IU por Málaga indica que “no nos satisface” que estas actas no hayan sido públicas hasta pasados 40 años, porque ello supone que “habrá parte de verdad, pero no toda y no la suficiente para conseguir justicia y reparación, que es nuestro objetivo con las víctimas del franquismo”.
“Consultaremos las actas -afirma- y trasladaremos toda la información posible, especialmente a la familia. Además, seguiremos peleando para que esta documentación sea totalmente pública y accesible”, pero “no sólo las actas que, como malagueña y andaluza me resultan tan importantes, también las actas del franquismo y de la transición, en las que todavía hay mucho que revelar”.
Garzón apuesta por una “movilización ciudadana” que contribuya a alcanzar “el diálogo, la negociación y una salida política” que resuelvan la grave crisis en Cataluña
El coordinador federal de Izquierda Unida asegura en un encuentro informativo en Bilbao junto a Isabel Salud que no sirven ni “la posición insostenible de Puigdemont con una declaración unilateral de independencia sin el respaldo y la legitimidad suficiente”, ni la de Rajoy que “no puede pretender usar la porra para acabar con esos 2,5 millones de personas que demandan una posición política que no gusta al Gobierno”
El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha asegurado hoy que “hace falta la movilización ciudadana” para contribuir a buscar una salida a la grave crisis política en Cataluña que afecta a todo el Estado y que no se va a solucionar hasta que todos sus actores “no se sienten en una mesa a negociar”. “Hay que apostar por el diálogo, la negociación y por una salida política”, reclamó.
El máximo responsable federal de IU mantuvo esta mañana en Bilbao un encuentro informativo con los medios de comunicación junto a la coordinadora general de Ezker Anitza-IU y diputada en el Congreso, Isabel Salud. Reconoció sentirse “muy preocupado por la situación actual”, dado que toda la sociedad puede ver el “choque entre dos posiciones insostenibles”, y lo ha explicado. “Por un lado -detalló- tenemos la posición insostenible de Puigdemont que parece que pretende declarar la independencia unilateral en los próximos días, sin tener el respaldo y la legitimidad suficiente para ser declarada de ninguna forma”.
Por otro está la postura del presidente Mariano Rajoy, “igualmente o más insostenible”, porque “lo que no se puede hacer desde el Gobierno del Estado es ignorar un problema como el catalán”, ya que una “movilización de más de 2,5 millones de personas en Cataluña que demandó una propuesta de forma pacífica es un problema de profundidad social enorme, y no se puede ignorar ni pretender resolverlo a palos”.
En esta misma línea de razonamiento abundó que la declaración unilateral de independencia que quiere una de las partes es “un gravísimo error político si se produce, en cualquiera de las formas en que se pueda producir”, porque conlleva una “situación insostenible al no contar con la mitad de la población catalana”.
Mientras, del otro lado, “no se puede pretender usar la porra para acabar con esos 2,5 millones de personas que demandan una posición política que no gusta al Gobierno”, en una clara crítica a la “represión y el autoritarismo” utilizado hasta ahora.
Para Alberto Garzón, la aplicación del artículo 155 de la Constitución ya está ocurriendo “de facto, porque la intervención de la Generalitat se ha producido ya, aunque no se ha activado formalmente”.
Valoró también que el denominado ‘bloque independentista’ del que “se habla en el resto del Estado con objetivos claramente políticos, no es homogéneo”, y recordó que lo conforman fuerzas distintas como el PDeCAT, ERC, la CUP, además de parte de la sociedad civil.
A su juicio, “cada uno de esos tres partidos y las organizaciones de la sociedad civil tienen diferentes formas de ver lo que está ocurriendo”, por lo que mantienen “posiciones divergentes y de matices importantes sobre el proceso independentista”. Por el contrario, “Rajoy, en vez de saber leer los detalles y los matices, los cohesiona con su represión”, lo que lleva a que se encaminen “cada vez más a la declaración unilateral de independencia”, de la que ahora están más cerca que al día siguiente de la movilización del 1-O.
En medio de este panorama, Garzón ha reiterado la “propuesta política” lanzada ya hace semanas por Izquierda Unida y que “pasa necesariamente por el diálogo, la negociación y el entendimiento mínimo”, a partir de la apuesta “por una República federal” en la que quepan todos.
El máximo responsable de IU criticó la cobardía política de Mariano Rajoy que “no se atreve a defender su modelo territorial” y que, además, “se escuda detrás de policías, guardias civiles, de jueces y del jefe del Estado, poniendo a todos estos actores en primera línea de la batalla para que sean ellos quienes sufran el desprestigio”.
Preguntado por el mensaje televisado de Felipe de Borbón del pasado martes, reiteró la crítica por su tono “verdaderamente hostil, bronco y, probablemente, uno de los mayores errores de la Monarquía en las últimas décadas”. Analizó que “está comprometiendo su futuro al de Rajoy”, cuando “es el momento de la palabra y el diálogo que el propio jefe del Estado negó”.
A la hora de analizar las decisiones de diversas empresas y bancos que han anunciado o ejecutado ya el traslado de su sede social fuera de Cataluña, Alberto Garzón advirtió que “lo único que expresa es que la inestabilidad económica que puede producirse no es consecuencia del deseo del derecho a decidir de mucha gente, sino de la falta de diálogo y la irresponsabilidad de quienes no se quieren sentar a resolver un problema político”.
En esta jornada de trabajo en Bilbao -que se completará esta tarde con un acto público también junto a Isabel Salud-, no podía faltar también una valoración de la oferta de diálogo sobre Cataluña lanzada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, que Garzón consideró “coherente con el diálogo que nosotros defendemos” y que demuestra que también puede haber propuestas “razonables” como las que “defendería cualquier dirigente europeo de una derecha civilizada”.
Garzón denuncia que “la actitud cobarde del Gobierno de Rajoy” para abordar el conflicto catalán “convierte en protagonistas a instituciones que no deberían serlo” como la Policía y la Guardia Civil
El portavoz parlamentario de IU valora tras constatarse que agentes participaron en la concentración de ultraderecha del domingo en Zaragoza que “no se trata de un comportamiento generalizado, que afortunadamente tenemos una Policía y una Guardia Civil democráticas, aunque hay que reprobar ese comportamiento de quienes utilizan su condición de policías para coartar la libertad de expresión de representantes públicos o de cualquier ciudadano”
El coordinador federal y responsable parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha denunciado hoy que la “actitud cobarde del Gobierno de Mariano Rajoy por no afrontar el problema político en Cataluña” está convirtiendo “en protagonistas a instituciones que no deberían serlo”, como la Policía y la Guardia Civil, ya que el PP ha descartado abordar el conflicto catalán “desde la política y no desde la represión”.
Garzón participó esta mañana en la rueda de prensa conjunta en el Congreso con el resto de portavoces del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para presentar la solicitud de comparecencia urgente del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique la falta de dotaciones policiales que desembocó en el acoso a centenares de cargos públicos en la entrada del Pabellón Siglo XXI, el pasado domingo en Zaragoza mientras se celebraba la ‘Asamblea de cargos públicos por la fraternidad, la convivencia y las libertades’.
El máximo responsable de IU recordó como informaciones periodísticas constatan que agentes de policía “de forma individual y aislada participaron en la concentración convocada por la extrema derecha para coartar nuestra capacidad de celebrar una asamblea que tenía un propósito en favor del diálogo, de la fraternidad y de la democracia. Nos parece preocupante que puedan existir este tipo de comportamientos dentro de una institución tan necesaria como es la Policía”.
Frente a ello, aseguró que “nosotros vamos a continuar defendiendo a las asociaciones policiales y denunciando las labores del PP que empeoran no sólo las condiciones de vida de estos agentes, sino el clima en el que desarrollan su actividad, haciendo en España un clima cada vez más irrespirable por la incapacidad del Gobierno de afrontar un problema político desde parámetros políticos y democráticos”.
Previamente, detalló a los medios presentes en la rueda que esta misma mañana, junto a otros/as miembros del grupo parlamentario, habían conversado “con los principales responsables de las asociaciones, tanto de policías como guardias civiles, para tomar el pulso de esta situación que nos preocupa”.
Comentó también que “hemos compartido reflexiones con la Plataforma Jusapol” -en cuyo chat diversos agentes llamaron a participar en la concentración de ultraderecha del domingo en Zaragoza y algunos prefirieron por esta vía graves insultos contra el coordinador de IU- y recordó también que hace poco estuvieron en el congreso de esta misma plataforma para apoyar sus reivindicaciones “de algo tan legítimo como la equiparación salarial entre las fuerzas de seguridad de todo el Estado”.
Alberto Garzón comentó que “desde Izquierda Unida hemos compartido desde 1991 las demandas laborales y salariales que vienen realizando estas asociaciones y nuestro vínculo con ellas es total”.
“Sabemos -apostilló- que no se trata de un comportamiento generalizado, que afortunadamente tenemos una Policía y una Guardia Civil que son democráticas, que estamos reclamando elementos necesarios para mejorar las condiciones de vida de estas personas que están realizando esas funciones y, que como decía también uno de los representantes de una de estas asociaciones policiales, hay que reprobar ese comportamiento de quienes utilizando su condición de policías, como en la concentración de la extrema derecha, acuden a coartar la libertad de expresión de representantes públicos o de cualquier otro ciudadano”.
A su juicio, “todo esto va en consonancia con este clima en el que se está convirtiendo desgraciadamente en protagonista a quienes no deberían serlo, la Policía y la Guardia Civil, que están para cumplir la ley, proteger el orden y para que la convivencia en nuestra sociedad se pueda realizar de forma democrática”.
IU exige sanciones a los Estados por no cumplir con la acogida de refugiados pero recuerda que esto es fruto de las políticas migratorias de la UE
La portavoz en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, señala que "dijimos desde el principio que el acuerdo nacía muerto porque no era vinculante" y pide "menos hipocresía" a la Comisión Europea. Denuncia la reforma de las políticas de asilo y la externalización de fronteras para apuntalar la Europa fortaleza
La responsable federal de Relaciones Internacionales y portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha exigido hoy a la Comisión Europea (CE) que “aplique sanciones” a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) por no cumplir con sus cuotas de acogida de refugiados, justo cuando se cumple el plazo estipulado para la reubicación y el reasentamiento de 160.000 personas. La eurodiputada ha destacado que “si los gobiernos europeos pueden incumplir este acuerdo no es más que la consecuencia de unas políticas migratorias europeas diseñadas para conseguir que no entre nadie”, por lo que ha pedido “menos hipocresía” a la Comisión Europea y que “cumpla y haga cumplir las obligaciones internacionales en materia de asilo y protección internacional”, en lugar de “aumentar la inversión para apuntalar la Europa fortaleza”.
“Dijimos desde el principio que este acuerdo para acoger a las personas refugiadas nacía muerto porque no era vinculante para los Estados miembros y, además, que era insuficiente porque la Unión Europea tiene la posibilidad de acoger a muchísimas más personas de las estipuladas”, explicó Albiol.
“Pues bien -apostilló- hoy se acaba el plazo y lo que vemos es que los Estados no cumplen, que el Estado español, por ejemplo, sólo ha acogido a un 11% de las personas que se comprometió, por lo que esperamos que la Comisión Europea, lo mismo que se emplea con firmeza para imponer y hacer cumplir sus políticas económicas, haga lo propio con unos gobiernos que se niegan a respetar la Convención de Ginebra”.
No obstante, Albiol ha recordado que “la Comisión Europea no puede resguardarse en un discurso hipócrita y culpar a los Estados del fracaso del plan, porque las políticas económicas que diseña están orientadas a lo contrario de la acogida y el respeto del Derecho internacional”. La UE se dirige “hacia un modelo en el que nadie tenga la posibilidad de entrar legalmente”, así que “si vamos hacia ahí, parece difícil que ni Juncker ni Tusk puedan exigir nada” a los gobernantes europeos.
La portavoz de IU en la Eurocámara insistió en que “escuchamos con frecuencia los toques de atención de Juncker” a los Estados miembros, pero “de lo que no se habla es de la perversión del sistema”. La UE “está inmersa en una reforma de sus políticas de asilo que discriminan a las personas y reducen el estatus de refugiado a aquellas que huyen de lo que la UE considere un conflicto armado”, además de poner en tela de juicio que incluso “personas perseguidas por motivos políticos, religiosos o de género puedan tener acogida en la UE”.
En este sentido, Albiol ha aclarado que, por ejemplo, los ciudadanos de Mali, donde hay un conflicto armado con tropas francesas desplegadas sobre el terreno, no tendrían este derecho porque la UE no le da categoría de guerra.
Por otro lado, lamentó el “éxito” de la Comisión y el Consejo a la hora de introducir “una diferenciación grave entre lo que ellos consideran migrantes económicos o personas que pueden pedir asilo político”. Para la eurodiputada “dividir a las personas que se juegan la vida en el mar o en las vallas para llegar a la UE ignora todas las recomendaciones y reglas internacionales” y, además, “institucionaliza la xenofobia”.
Albiol acusó también a ambas instituciones de “dar rienda suelta al cinismo más absoluto” y de “jugar con la vida de millones de personas”. “No se puede criticar a Erdogan de cara a la galería y luego mantener el ‘acuerdo de la vergüenza’ con Turquía, no se pueden verter ‘lágrimas de cocodrilo’ por los muertos en el Mediterráneo y apoyar financiera, logística y militarmente a las milicias que actúan como guardacostas libios”.
“La externalización de las fronteras en Turquía, Libia y Marruecos”, los acuerdos “a espaldas de la ciudadanía con países como Sudán o Níger”, los “chantajes a Afganistán para que acepte el retorno de miles de afganos y afganas” a cambio de mantener la ayuda al desarrollo o “la militarización de mares y fronteras” son “contrarios a la acogida y la solidaridad”, dijo
La apertura de “vías legales y seguras, los visados en origen y la cooperación en forma de ayuda al desarrollo y no de armas, material antidisturbios y control militar fronterizo son la solución”. En definitiva, “respetar la Convención de Ginebra y el Derecho internacional”, insistió.
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