El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha situado hoy a esta formación como "la garantía de políticas de izquierdas frente a quienes, como PP y PSOE, están con los mercados y por los recortes sociales”. Lo ha hecho durante la presentación de su informe político ante la Presidencia Ejecutiva Federal reunida hoy en la sede federal en Madrid. El informe fue finalmente aprobado por 31 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención.
Durante la reunión del órgano ejecutivo de la dirección federal fue aprobado también por unanimidad el informe presentado por el secretario de Refundación, Enrique Santiago, para impulsar de forma decidida en los próximos meses este proceso de impulso de la organización, tal y como mandató la IX Asamblea Federal celebrada hace dos años. Los miembros de la Presidencia dieron también su visto bueno -28 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones- a la remodelación de las Comisión Ejecutiva Federal.
Lara aseguró en la exposición de su informe que “en las próximas elecciones municipales y autonómicas el voto a IU va a ser un voto valioso porque es garantía de auténticas políticas de izquierdas contrarias al modelo neoliberal de salida de la crisis”.
“Nuestro discurso –dijo- debe situarse en los próximos comicios en que la elección no está entre el PSOE y el PP sino entre quienes están por los recortes sociales y los mercados, y los que estamos con los trabajadores y trabajadoras y los derechos sociales”.
A su juicio, “es absolutamente imprescindible hacer visible la relación entre las políticas alternativas al neoliberalismo y las correspondientes propuestas locales. Somos la única organización política a nivel del Estado comprometida a trabajar por gobiernos sociales con políticas de izquierda en todos y cada uno de los niveles de representación, es decir, políticas de empleo que contribuyan a un cambio progresista del modelo productivo y que se financien con una fiscalidad justa y progresiva”.
Cayo Lara incidió en que “en los ayuntamientos y, más aún, en las comunidades autónomas, hay margen para políticas alternativas al neoliberalismo. Más neoliberalismo es más crisis, más paro, menores salarios y pensiones, más privatización, más recorte de los servicios sociales del Estado del Bienestar y una mayor injusticia en la fiscalidad. Los Ayuntamientos en la próxima etapa van a ser difíciles de gestionar, más débiles con las mismas competencias, menos autónomos, con más deuda y menos recursos porque el Gobierno no resuelve la Ley de Financiación Local”.
El máximo responsable de IU valoró tajante que “Rodríguez Zapatero no puede utilizar la crisis como excusa para no financiar a los ayuntamientos”, para exponer a continuación que “Izquierda Unida no se responsabiliza de sus políticas que castigan a los gobiernos locales y autonómicos que preside el PSOE. Por tanto, no debemos encadenarnos a esas políticas aunque estemos en cogobierno, porque ninguna de las medidas antisociales que esta aplicando Rodríguez Zapatero se encontraba en el programa del PSOE y mucho menos aún en el programa de IU ni en los programas de gobierno”.
Lara hizo un pormenorizado repaso por los últimos acontecimientos que han marcado la actualidad política en las últimas semanas, deteniéndose en la crisis provocada por el plante sin previo aviso de los controladores aéreos, la situación del Sahara Occidental, las consecuencias de las revelaciones hechas por Wikileaks que demuestran la sumisión de algunas instancias judiciales y del propio Gobierno español a EE.UU o la valoración del resultado de las elecciones catalanas.
En su exposición realizó también un llamamiento específico a la resolución de algunas diferencias internas en el seno de la organización que siguen pendientes, dentro del clima de entendimiento entre las distintas sensibilidades que prima en IU. Cayo Lara aseguró que “el compromiso realizado por este coordinador de respetar la federalidad no puede ser el parapeto tras el cual se refugie cada estructura territorial para no avanzar en la resolución de conflictos internos, aun menos las expectativas electorales que pueden hacernos pensar que no necesitamos al ‘otro/a’ para conseguir los objetivos previstos y a partir de ahí consolidar una situación de exclusión de hecho”.
Destacó que “muy al contrario, desde la exigencia del cumplimiento orgánico y estatutario, las resoluciones aprobadas y la voluntad política de esta dirección, Izquierda Unida Federal va a trabajar con todas sus fuerzas para que todos/as aquellos/as que se reclaman de IU, de nuestra IX Asamblea Federal, vayan en las mismas listas electorales y ello sirva de base para la resolución orgánica de los conflictos a medio plazo. Si no es así ni se cumplirá expectativa ninguna ni podrán desarrollarse con normalidad las prioridades políticas unitarias que nos hemos dado para estos procesos electorales. A tal fin la dirección federal va a configurar opinión colectiva sobre cada uno de los que hoy están sobre la mesa para actuar con la máxima celeridad y consenso”.
A CONTINUACIÓN SE REPRODUCEN ALGUNAS PARTES DE LA PRESENTACIÓN DE INFORME POLÍTICO POR PARTE DE CAYO LARA
“Desde la celebración del último Consejo Político Federal del pasado mes de octubre el Gobierno ha seguido en su línea de seguir aplicando el ajuste duro para la parte de la población que nada ha tenido que ver con la crisis y la manga ancha para sus causantes, tal y como vienen a mostrar las medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros, siguiendo con ello plegándose a los dictados de los mercados y los especuladores y, por tanto, haciendo caso omiso a la demanda de los trabajadores expresada en la pasada Huelga General”.
“El Gobierno, transcurridos los primeros días tras su renovación, continúa su declive político y social. Ninguna de las encuestas que se están realizando en estos días ofrece una mejora electoral al Gobierno del PSOE. El cambio ya está amortizado. Si acaso, nos encontramos ante una derechización creciente del mismo, se caracteriza por las siguientes cuestiones:
- Un Gobierno que continúa arrodillado ante los mercados e inclina su cabeza ante las empresas importantes del país. Rodríguez Zapatero invita a las 37 mayores empresas de España, que controlan casi el 50% del PIB pero que sólo dan trabajo a un millón de personas, y se pone a su disposición para acelerar la reforma del sistema de pensiones, privatizar AENA y la ONLAE, lo que originará un empobrecimiento de los ingresos del Estado a medio y largo plazo.
- Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros del 3 de diciembre representarán, por un lado, menos protección social y más miseria para los trabajadores en desempleo con la desaparición de la ayuda de los 426 €, lo que dejara en la cuneta a más de 600.000 personas. Por otro, más ventajas fiscales para las grandes empresas, extendiendo la libertad de amortización y elevando los límites para considerar una empresa como pequeña para que se pueda beneficiar de la fiscalidad especial que tienen.
- El documento firmado por los empresarios, encabezado por Eduardo Serra y remitido al Rey, que ha recibido a sus firmantes en audiencia, es un intento de ‘golpe de Estado económico y político’ y tiene mucho que ver con la reunión de los 37 y la nuevas medidas del Gobierno. Los empresarios intentan involucrar al Jefe del Estado, que se deja querer, en un paquete de reformas que no ha pasado por el Parlamento y que no forma parte de los programas electorales de los partidos democráticos. Se presentan como salvadores de la patria vestidos de civil, sin asumir ninguna responsabilidad en la grave situación de crisis que padecemos.
- Es un Gobierno comprensivo y cómplice con la violación de los DD.HH. cometida por Marruecos en el Sahara territorio que, no olvidemos, permanece desde el punto de vista del Derecho Internacional bajo administración española.
- Un Gobierno servil ante la diplomacia estadounidense, tal y como parece deducirse de los despachos diplomáticos filtrados por Wikileaks. Es cierto que es trabajo de los diplomáticos informar y valorar los acontecimientos de un país, pero en este caso nos encontramos ante dos novedades: que la valoración pasa a ser ingerencia y que se demanda de las autoridades políticas y judiciales españolas intervenciones poco justificadas en un Estado de derecho. Al menos, tal y como lo presentan los diplomáticos norteamericanos, la autoridad española parece estar jubilosa de ser recibida y de recibir ciertos encargos.
- Un Gobierno que continúa siendo complaciente y sumiso con el Vaticano, organizando visitas del Papa y aceptando sin rechistar su injerencia en asuntos internos de este país y sus calificaciones muy negativas a la época republicana en cuyos aspectos más oscuros la Iglesia tuvo también una gran responsabilidad. La retirada de la ley de libertad religiosa por parte del Gobierno demuestra esa sumisión.
- Un Gobierno que ha presentado unos PGE que contienen los recortes sociales más regresivos para los trabajadores de toda la democracia y desconocen por completo el problema esencial de nuestro país que es el desempleo y la atonía de la economía real. Son unos presupuestos que llevan a la recesión y a un incremento muy importante del paro. Representan más sufrimiento para los trabajadores mientras abren nuevas perspectivas de negocio al capital financiero.
- Un Gobierno que a demanda de los mercados acelera la aplicación de la reforma laboral y de la reforma de las pensiones, encabezadas por un ministro de Trabajo, que parece aceptar el ‘trabajo sucio’ tan contradictorio con su trayectoria sindical”.
“Ya dijimos al día siguiente de la Huelga General que ésta era un punto de inflexión, un primer paso, en el necesario esfuerzo de movilización para derrotar las políticas neoliberales. IU va a apoyar las movilizaciones convocadas por CC.OO. y UGT los días 15 y 18 de diciembre y considera necesario seguir profundizando en este camino hasta que sean retiradas las medidas lesivas contra los intereses de los trabajadores y, en su caso, hasta una nueva movilización General en contra de la reforma de las pensiones”.
“Rodríguez Zapatero intenta desplazar la política de la centralidad de la crisis y de la agenda social hacia una mera disputa electoral con el Partido Popular. De esta forma, con la colaboración de los poderes fácticos y mediáticos de este país, se intenta asegurar una salida bipartidista que respete las políticas neoliberales y conducir a la resignación a los sectores populares contrarios a los recortes. Por eso la resistencia a modificar la Ley Electoral, que es el núcleo de un sistema electoral que pretende hacer irreversible el bipartidismo e imponer, sin alternativa un marco político que haga incuestionable un modelo económico y social y la gestión neoliberal de la crisis”.
“De los errores del Gobierno el PP está sacando ventaja y, aunque su crecimiento es limitado, podría obtener mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Si esto fuera así, solo habría dos responsables: en primer lugar, la política neoliberal del Gobierno que conduce a la desmovilización de la izquierda; y en segundo lugar, una Ley Electoral injusta que haría posible que sin tener la mayoría de los votos el PP pudiera tener la mayoría de los diputados”.
“Estamos ante una derecha sin alternativas de gobierno, porque sus políticas neoliberales ya las aplica Rodríguez Zapatero. Incluso la crisis de Irlanda es consecuencia de las políticas ultraliberales de reducción del gasto público y de los impuestos que ya fueron aplicadas allí antes que en ningún otro sitio de Europa. Un Partido Popular que se decanta por dejarse notar con las banderas de la xenofobia y el racismo y que va a estas elecciones con el lastre de la corrupción generalizada del ‘caso Gürtel’, que a pesar de que se extiende por más CC.AA. gobernadas por el PP, sigue sin pasarle factura electoral”.
“En la última semana hemos asistido a la declaración del primer estado de alarma de la democracia. La jugada de los controladores y su irresponsabilidad merece la más rotunda condena y la solidaridad de IU con los ciudadanos afectados. Los controladores no han hecho una huelga, han preferido esconderse tras una situación de baja médica y con ello han contribuido a desprestigiar el derecho de huelga tan duramente conquistado por los trabajadores. Para IU ambas actuaciones han dañado a la democracia y a la movilización de los trabajadores.
Pero esta constatación y esta condena no puede ocultar tanto la responsabilidad histórica que tienen el PP y el PSOE al no haber resuelto en anteriores mandatos los privilegios de los que ha venido disfrutando este grupo de trabajadores, entre las que podríamos citar el grave problema de las horas extraordinarias en un sector en donde está en riesgo permanente la vida de las personas, como que la solución arbitrada por el Gobierno es preocupante. En primer lugar, porque resolvió por decreto la interpretación de un convenio colectivo, y en segundo lugar, porque en esa interpretación sostiene que ni las bajas por enfermedad ni los permisos por maternidad, ni las horas sindicales son computables como jornada laboral efectiva. Nos parece que esto choca frontalmente con el Estatuto de los Trabajadores. Por último, el momento elegido para publicar el Decreto-Ley es como mínimo imprudente.
La declaración del estado de alarma por primera vez en la democracia en un decreto que incluía la militarización del control aéreo, la movilización de sus trabajadores y la aplicación del Código Penal Militar es muy discutible legalmente. Estos últimos aspectos están vinculados a los estados de sitio y de excepción y no al estado de alarma. Se ha utilizado una legislación de excepción para resolver un conflicto social. ¿Es que está dispuesto el Gobierno a repetir un procedimiento de excepción por una huelga legal o una disputa por los servicios mínimos? En cualquier caso la declaración del Estado de Alarma debe de ser levantada lo antes posible”.
PÁSALO
