Consideramos que, con las actuaciones realizadas en la cancela colocada en el camino de los Torilejos, se ha incurrido en un claro supuesto de responsabilidad patrimonial.
El grupo municipal de Izquierda Unida en el ayuntamiento de Posadas presentó el jueves, día 25, durante la celebración del pleno ordinario, una moción por la vía de urgencia para “iniciar expediente de responsabilidad patrimonial contra el ex alcalde Guillermo Benítez Agüit. Sin embargo, PSOE, PP y PA votaron en contra de la presentación de dicha moción que será presentada de nuevo, por registro ordinario, en el próximo pleno municipal.
Con esta actuación, se hace claramente visible que a ninguno de los grupos políticos representados en el pleno del ayuntamiento de Posadas, con excepción de Izquierda Unida, le importa que sean los malenos y malenas los que paguen, con sus impuestos, una indemnización que no han provocado.
Son muchas las referencias normativas, entre ellas el artículo 106 de la Constitución Española, sobre el derecho a exigir las responsabilidades patrimoniales de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. En concreto el artículo 145.2 de la Ley Reguladora de la Actuación Administrativa dice que, además del personal al servicio de las Administraciones Públicas, las autoridades administrativas incurrirán en responsabilidad cuando hubieran lesionado derechos mediante dolo, culpa o negligencia grave.
Según la ley, las autoridades administrativas podrán incurrir en responsabilidad contable y penal. La responsabilidad contable procederá en aquellos casos en que los empleados al servicio de una Administración Pública o sus autoridades produzcan un menoscabo en los fondos públicos como consecuencia de acciones u omisiones contrarias a la normativa vigente, de las que sean culpables por haber mediado dolo, culpa o negligencia graves. Si se aprecia la existencia de responsabilidad contable, deberá indemnizarse a la Administración afectada en la cantidad del daño o perjuicio producido, tipo de responsabilidad que es compatible con la penal o disciplinaria que pudiera corresponder.
Entendemos que en los hechos que se produjeron en torno al mes de septiembre de 2007 alrededor de la cancela colocada en el camino de los Torilejos, se ha incurrido en un claro supuesto de responsabilidad patrimonial. Y es que, tras las resoluciones de alcaldía dictadas por el entonces alcalde Guillermo Benítez, en las que se le daba un plazo a la Compañía Cordobesa de Gestión y Renta S.A. para regularizar la situación urbanística de dicha cancela, y antes de que dicho plazo se cumpliera, y sin conocimiento ni consulta al asesor jurídico del Ayuntamiento, el Sr. Benítez, utilizando medios de este Ayuntamiento, con personal de este Ayuntamiento y acompañado de la concejala de Medio Ambiente, procedió a arrancar la cancela existente, lo cual dio pie y argumentos de indefensión a la Compañía Cordobesa de Gestión y Renta S.A. para denunciar al Ayuntamiento de Posadas.
Esta denuncia hizo que se tuviera que volver a colocar dicha cancela y que, además, el Ayuntamiento de Posadas tuviera que indemnizar a la propietaria de la misma con 3.595,94 €, cantidad que, por sorpresa, apareció en los presupuestos de este Ayuntamiento, dentro del área ‘Órganos de Gobierno’ con el concepto ‘otros gastos’, presupuestos, y por tanto gasto, que ha sido aprobado con el apoyo directo del PSOE y el apoyo indirecto, a través de su abstención, del resto de grupos excepto Izquierda Unida.
Desde Izquierda Unida no entendemos que dicho gasto, por la conducta nada clara del entonces alcalde, debamos pagarlo los ciudadanos y ciudadanas de Posadas y, por ello, proponemos que se inicie expediente de responsabilidad patrimonial contra el ex alcalde Guillermo Benítez Agüit.
PÁSALO
