IU presenta la campaña ‘Cambia de Bando’ para “promover la migración” del consumo energético desde las “grandes comercializadoras del oligopolio a las basadas en la economía social”
La responsable federal de Estrategias para el Conflicto, Sira Rego, explica que con esta acción política “no sólo buscamos la sensibilización de la sociedad, de la militancia y simpatizantes, sino pasar de la teoría a los hechos”
La responsable federal de Estrategias para el Conflicto de Izquierda Unida, Sira Rego, ha presentado hoy la campaña ‘Cambia de Bando’ con la que esta formación plantea “no sólo conseguir la sensibilización de la sociedad, de nuestra militancia y simpatizantes”, sino “promover una migración desde las grandes comercializadoras del oligopolio hacia aquellas más pequeñas basadas en la economía social” y que suministran energía 100% verde, como contribución responder a un modelo energético y unas prácticas de las grandes compañías que lo controlan “que está provocando una situación terrible para centenares de miles de familias”.
Rego detalló el contenido de esta nueva acción política de IU durante la rueda de prensa ofrecida en Madrid junto al coordinador federal, Alberto Garzón. Explicó que con ella se da “continuidad” a la campaña contra la precariedad lanzada hace ya casi un año bajo el lema ‘Que no nos jodan la vida’.
“Pero no buscamos únicamente esa mayor sensibilización por parte de la sociedad -dijo-, con esta campaña queremos pasar de manera decidida de la teoría a los hechos”, tras la denuncia continuada del actual modelo energético impuesto que esta formación lleva haciendo desde hace años.
La dirigente federal de Izquierda Unida explicó de forma más pormenorizada la terna de tareas a abordar en las próximas semanas. En primer lugar, en el próximo mes, se buscará que “las 262 sedes que tenemos en todo el Estado ejecuten esa migración a comercializadoras más pequeñas vinculadas con la economía social”.
A continuación, indicó que se abrirá un “proceso de acompañamiento” para que “sea nuestra militancia y simpatizantes quienes se sumen a este proceso Somos un grupo humano con cerca de 70.000 personas” y el reto planteado será promover la puesta en marcha del esquema diseñado para que el ‘cambio de bando’ sea de la forma más sencilla y colectiva posible.
En tercer lugar, Sira Rego comentó que dentro la propia campaña habrá un importante apartado específico para la “formación descentralizada” a través de “materiales específicos” que expliquen cómo funciona el sector energético a nivel estatal o cuáles son las claves de la ‘estafa’ que se está produciendo.
En este mismo apartado se impulsaran “talleres” a través de las federaciones que componen IU para que a lo largo y ancho de todo el Estado se puedan explicar cuestiones muy prácticas sobre, por ejemplo, cómo interpretar la factura eléctrica, planificar el consumo doméstico para reducir el gasto o entender a quién y cómo puede acceder al nuevo bono social.
Izquierda Unida busca así “implicar al conjunto de nuestra organización en un proceso que, a través de la acción específica, permita construir líneas políticas que cristalicen nuestra apuesta por un nuevo modelo energético caracterizado por la participación ciudadana, el control público, descentralizado y basado en fuentes de energía renovables”.
Sira Rego entiende que la campaña ‘Cambia de Bando’ es una buena forma de contribuir a “dar la vuelta a un sistema que ha llevado a que tengamos la tercera electricidad más cara de Europa y un modelo gravoso para centenares de miles de familias”.
El Congreso acepta 40 años después que la diputada García Sempere acceda a las actas secretas sobre el asesinato del joven andaluz García Caparrós
La parlamentaria de IU por Málaga señala tras levantar la Mesa del Congreso el veto que mantenía que “seguiremos peleando para que esta documentación sea totalmente pública y accesible”, pero “no sólo estas actas, también las del franquismo y de la transición, en las que todavía hay mucho que revelar”
La Mesa del Congreso de los Diputados ha autorizado a la diputada de Izquierda Unida por Málaga, Eva García Sempere, que pueda consultar las actas secretas que la Cámara Baja conserva sobre la comisión parlamentaria que investigó el asesinato de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que recibió un tiro en la manifestación del 4 de diciembre de 1977, cuando el pueblo andaluz salió a la calle en defensa de la autonomía.
García Sempere ha explicado que el órgano de gobierno del Congreso le ha autorizado, por fin, a consultar tres actas mantenidas secretas hace casi 40 años y que pertenecen a la documentación de la comisión de investigación que se conformó en el Congreso sobre el asesinato del joven García Caparrós.
La diputada señala que la reconsideración de la Mesa por la que obtiene el permiso, negado anteriormente, “es muy positiva” porque “por fin, después de 40 años con esta información vedada y tras mucha pelea en el Congreso, hemos conseguido que se abra paso un poco de luz”.
García Sempere recuerda que esta ‘batalla’ la dieron también hace años otros diputados de Izquierda Unida para poder ofrecer a la familia de García Caparrós la información que “llevan tanto tiempo buscando”.
La parlamentaria de IU por Málaga indica que “no nos satisface” que estas actas no hayan sido públicas hasta pasados 40 años, porque ello supone que “habrá parte de verdad, pero no toda y no la suficiente para conseguir justicia y reparación, que es nuestro objetivo con las víctimas del franquismo”.
“Consultaremos las actas -afirma- y trasladaremos toda la información posible, especialmente a la familia. Además, seguiremos peleando para que esta documentación sea totalmente pública y accesible”, pero “no sólo las actas que, como malagueña y andaluza me resultan tan importantes, también las actas del franquismo y de la transición, en las que todavía hay mucho que revelar”.
Garzón apuesta por una “movilización ciudadana” que contribuya a alcanzar “el diálogo, la negociación y una salida política” que resuelvan la grave crisis en Cataluña
El coordinador federal de Izquierda Unida asegura en un encuentro informativo en Bilbao junto a Isabel Salud que no sirven ni “la posición insostenible de Puigdemont con una declaración unilateral de independencia sin el respaldo y la legitimidad suficiente”, ni la de Rajoy que “no puede pretender usar la porra para acabar con esos 2,5 millones de personas que demandan una posición política que no gusta al Gobierno”
El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha asegurado hoy que “hace falta la movilización ciudadana” para contribuir a buscar una salida a la grave crisis política en Cataluña que afecta a todo el Estado y que no se va a solucionar hasta que todos sus actores “no se sienten en una mesa a negociar”. “Hay que apostar por el diálogo, la negociación y por una salida política”, reclamó.
El máximo responsable federal de IU mantuvo esta mañana en Bilbao un encuentro informativo con los medios de comunicación junto a la coordinadora general de Ezker Anitza-IU y diputada en el Congreso, Isabel Salud. Reconoció sentirse “muy preocupado por la situación actual”, dado que toda la sociedad puede ver el “choque entre dos posiciones insostenibles”, y lo ha explicado. “Por un lado -detalló- tenemos la posición insostenible de Puigdemont que parece que pretende declarar la independencia unilateral en los próximos días, sin tener el respaldo y la legitimidad suficiente para ser declarada de ninguna forma”.
Por otro está la postura del presidente Mariano Rajoy, “igualmente o más insostenible”, porque “lo que no se puede hacer desde el Gobierno del Estado es ignorar un problema como el catalán”, ya que una “movilización de más de 2,5 millones de personas en Cataluña que demandó una propuesta de forma pacífica es un problema de profundidad social enorme, y no se puede ignorar ni pretender resolverlo a palos”.
En esta misma línea de razonamiento abundó que la declaración unilateral de independencia que quiere una de las partes es “un gravísimo error político si se produce, en cualquiera de las formas en que se pueda producir”, porque conlleva una “situación insostenible al no contar con la mitad de la población catalana”.
Mientras, del otro lado, “no se puede pretender usar la porra para acabar con esos 2,5 millones de personas que demandan una posición política que no gusta al Gobierno”, en una clara crítica a la “represión y el autoritarismo” utilizado hasta ahora.
Para Alberto Garzón, la aplicación del artículo 155 de la Constitución ya está ocurriendo “de facto, porque la intervención de la Generalitat se ha producido ya, aunque no se ha activado formalmente”.
Valoró también que el denominado ‘bloque independentista’ del que “se habla en el resto del Estado con objetivos claramente políticos, no es homogéneo”, y recordó que lo conforman fuerzas distintas como el PDeCAT, ERC, la CUP, además de parte de la sociedad civil.
A su juicio, “cada uno de esos tres partidos y las organizaciones de la sociedad civil tienen diferentes formas de ver lo que está ocurriendo”, por lo que mantienen “posiciones divergentes y de matices importantes sobre el proceso independentista”. Por el contrario, “Rajoy, en vez de saber leer los detalles y los matices, los cohesiona con su represión”, lo que lleva a que se encaminen “cada vez más a la declaración unilateral de independencia”, de la que ahora están más cerca que al día siguiente de la movilización del 1-O.
En medio de este panorama, Garzón ha reiterado la “propuesta política” lanzada ya hace semanas por Izquierda Unida y que “pasa necesariamente por el diálogo, la negociación y el entendimiento mínimo”, a partir de la apuesta “por una República federal” en la que quepan todos.
El máximo responsable de IU criticó la cobardía política de Mariano Rajoy que “no se atreve a defender su modelo territorial” y que, además, “se escuda detrás de policías, guardias civiles, de jueces y del jefe del Estado, poniendo a todos estos actores en primera línea de la batalla para que sean ellos quienes sufran el desprestigio”.
Preguntado por el mensaje televisado de Felipe de Borbón del pasado martes, reiteró la crítica por su tono “verdaderamente hostil, bronco y, probablemente, uno de los mayores errores de la Monarquía en las últimas décadas”. Analizó que “está comprometiendo su futuro al de Rajoy”, cuando “es el momento de la palabra y el diálogo que el propio jefe del Estado negó”.
A la hora de analizar las decisiones de diversas empresas y bancos que han anunciado o ejecutado ya el traslado de su sede social fuera de Cataluña, Alberto Garzón advirtió que “lo único que expresa es que la inestabilidad económica que puede producirse no es consecuencia del deseo del derecho a decidir de mucha gente, sino de la falta de diálogo y la irresponsabilidad de quienes no se quieren sentar a resolver un problema político”.
En esta jornada de trabajo en Bilbao -que se completará esta tarde con un acto público también junto a Isabel Salud-, no podía faltar también una valoración de la oferta de diálogo sobre Cataluña lanzada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, que Garzón consideró “coherente con el diálogo que nosotros defendemos” y que demuestra que también puede haber propuestas “razonables” como las que “defendería cualquier dirigente europeo de una derecha civilizada”.
Garzón denuncia que “la actitud cobarde del Gobierno de Rajoy” para abordar el conflicto catalán “convierte en protagonistas a instituciones que no deberían serlo” como la Policía y la Guardia Civil
El portavoz parlamentario de IU valora tras constatarse que agentes participaron en la concentración de ultraderecha del domingo en Zaragoza que “no se trata de un comportamiento generalizado, que afortunadamente tenemos una Policía y una Guardia Civil democráticas, aunque hay que reprobar ese comportamiento de quienes utilizan su condición de policías para coartar la libertad de expresión de representantes públicos o de cualquier ciudadano”
El coordinador federal y responsable parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha denunciado hoy que la “actitud cobarde del Gobierno de Mariano Rajoy por no afrontar el problema político en Cataluña” está convirtiendo “en protagonistas a instituciones que no deberían serlo”, como la Policía y la Guardia Civil, ya que el PP ha descartado abordar el conflicto catalán “desde la política y no desde la represión”.
Garzón participó esta mañana en la rueda de prensa conjunta en el Congreso con el resto de portavoces del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para presentar la solicitud de comparecencia urgente del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique la falta de dotaciones policiales que desembocó en el acoso a centenares de cargos públicos en la entrada del Pabellón Siglo XXI, el pasado domingo en Zaragoza mientras se celebraba la ‘Asamblea de cargos públicos por la fraternidad, la convivencia y las libertades’.
El máximo responsable de IU recordó como informaciones periodísticas constatan que agentes de policía “de forma individual y aislada participaron en la concentración convocada por la extrema derecha para coartar nuestra capacidad de celebrar una asamblea que tenía un propósito en favor del diálogo, de la fraternidad y de la democracia. Nos parece preocupante que puedan existir este tipo de comportamientos dentro de una institución tan necesaria como es la Policía”.
Frente a ello, aseguró que “nosotros vamos a continuar defendiendo a las asociaciones policiales y denunciando las labores del PP que empeoran no sólo las condiciones de vida de estos agentes, sino el clima en el que desarrollan su actividad, haciendo en España un clima cada vez más irrespirable por la incapacidad del Gobierno de afrontar un problema político desde parámetros políticos y democráticos”.
Previamente, detalló a los medios presentes en la rueda que esta misma mañana, junto a otros/as miembros del grupo parlamentario, habían conversado “con los principales responsables de las asociaciones, tanto de policías como guardias civiles, para tomar el pulso de esta situación que nos preocupa”.
Comentó también que “hemos compartido reflexiones con la Plataforma Jusapol” -en cuyo chat diversos agentes llamaron a participar en la concentración de ultraderecha del domingo en Zaragoza y algunos prefirieron por esta vía graves insultos contra el coordinador de IU- y recordó también que hace poco estuvieron en el congreso de esta misma plataforma para apoyar sus reivindicaciones “de algo tan legítimo como la equiparación salarial entre las fuerzas de seguridad de todo el Estado”.
Alberto Garzón comentó que “desde Izquierda Unida hemos compartido desde 1991 las demandas laborales y salariales que vienen realizando estas asociaciones y nuestro vínculo con ellas es total”.
“Sabemos -apostilló- que no se trata de un comportamiento generalizado, que afortunadamente tenemos una Policía y una Guardia Civil que son democráticas, que estamos reclamando elementos necesarios para mejorar las condiciones de vida de estas personas que están realizando esas funciones y, que como decía también uno de los representantes de una de estas asociaciones policiales, hay que reprobar ese comportamiento de quienes utilizando su condición de policías, como en la concentración de la extrema derecha, acuden a coartar la libertad de expresión de representantes públicos o de cualquier otro ciudadano”.
A su juicio, “todo esto va en consonancia con este clima en el que se está convirtiendo desgraciadamente en protagonista a quienes no deberían serlo, la Policía y la Guardia Civil, que están para cumplir la ley, proteger el orden y para que la convivencia en nuestra sociedad se pueda realizar de forma democrática”.
IU exige sanciones a los Estados por no cumplir con la acogida de refugiados pero recuerda que esto es fruto de las políticas migratorias de la UE
La portavoz en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, señala que "dijimos desde el principio que el acuerdo nacía muerto porque no era vinculante" y pide "menos hipocresía" a la Comisión Europea. Denuncia la reforma de las políticas de asilo y la externalización de fronteras para apuntalar la Europa fortaleza
La responsable federal de Relaciones Internacionales y portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, ha exigido hoy a la Comisión Europea (CE) que “aplique sanciones” a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) por no cumplir con sus cuotas de acogida de refugiados, justo cuando se cumple el plazo estipulado para la reubicación y el reasentamiento de 160.000 personas. La eurodiputada ha destacado que “si los gobiernos europeos pueden incumplir este acuerdo no es más que la consecuencia de unas políticas migratorias europeas diseñadas para conseguir que no entre nadie”, por lo que ha pedido “menos hipocresía” a la Comisión Europea y que “cumpla y haga cumplir las obligaciones internacionales en materia de asilo y protección internacional”, en lugar de “aumentar la inversión para apuntalar la Europa fortaleza”.
“Dijimos desde el principio que este acuerdo para acoger a las personas refugiadas nacía muerto porque no era vinculante para los Estados miembros y, además, que era insuficiente porque la Unión Europea tiene la posibilidad de acoger a muchísimas más personas de las estipuladas”, explicó Albiol.
“Pues bien -apostilló- hoy se acaba el plazo y lo que vemos es que los Estados no cumplen, que el Estado español, por ejemplo, sólo ha acogido a un 11% de las personas que se comprometió, por lo que esperamos que la Comisión Europea, lo mismo que se emplea con firmeza para imponer y hacer cumplir sus políticas económicas, haga lo propio con unos gobiernos que se niegan a respetar la Convención de Ginebra”.
No obstante, Albiol ha recordado que “la Comisión Europea no puede resguardarse en un discurso hipócrita y culpar a los Estados del fracaso del plan, porque las políticas económicas que diseña están orientadas a lo contrario de la acogida y el respeto del Derecho internacional”. La UE se dirige “hacia un modelo en el que nadie tenga la posibilidad de entrar legalmente”, así que “si vamos hacia ahí, parece difícil que ni Juncker ni Tusk puedan exigir nada” a los gobernantes europeos.
La portavoz de IU en la Eurocámara insistió en que “escuchamos con frecuencia los toques de atención de Juncker” a los Estados miembros, pero “de lo que no se habla es de la perversión del sistema”. La UE “está inmersa en una reforma de sus políticas de asilo que discriminan a las personas y reducen el estatus de refugiado a aquellas que huyen de lo que la UE considere un conflicto armado”, además de poner en tela de juicio que incluso “personas perseguidas por motivos políticos, religiosos o de género puedan tener acogida en la UE”.
En este sentido, Albiol ha aclarado que, por ejemplo, los ciudadanos de Mali, donde hay un conflicto armado con tropas francesas desplegadas sobre el terreno, no tendrían este derecho porque la UE no le da categoría de guerra.
Por otro lado, lamentó el “éxito” de la Comisión y el Consejo a la hora de introducir “una diferenciación grave entre lo que ellos consideran migrantes económicos o personas que pueden pedir asilo político”. Para la eurodiputada “dividir a las personas que se juegan la vida en el mar o en las vallas para llegar a la UE ignora todas las recomendaciones y reglas internacionales” y, además, “institucionaliza la xenofobia”.
Albiol acusó también a ambas instituciones de “dar rienda suelta al cinismo más absoluto” y de “jugar con la vida de millones de personas”. “No se puede criticar a Erdogan de cara a la galería y luego mantener el ‘acuerdo de la vergüenza’ con Turquía, no se pueden verter ‘lágrimas de cocodrilo’ por los muertos en el Mediterráneo y apoyar financiera, logística y militarmente a las milicias que actúan como guardacostas libios”.
“La externalización de las fronteras en Turquía, Libia y Marruecos”, los acuerdos “a espaldas de la ciudadanía con países como Sudán o Níger”, los “chantajes a Afganistán para que acepte el retorno de miles de afganos y afganas” a cambio de mantener la ayuda al desarrollo o “la militarización de mares y fronteras” son “contrarios a la acogida y la solidaridad”, dijo
La apertura de “vías legales y seguras, los visados en origen y la cooperación en forma de ayuda al desarrollo y no de armas, material antidisturbios y control militar fronterizo son la solución”. En definitiva, “respetar la Convención de Ginebra y el Derecho internacional”, insistió.
IU impulsa en el Grupo de Unidos Podemos una iniciativa para la construcción o reapertura de vías ferroviarias para Andalucía, Castilla y León, Asturias y Extremadura
La proposición no de ley la firman, entre otros, Alberto Garzón, además de los/as también diputados/as de IU Eva García Sempere, Félix Alonso y Yolanda Díaz, los/as dos últimos/as encuadrados/as en las confluencias de En Comú Podem y En Marea
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una iniciativa parlamentaria con el objetivo de impulsar la construcción o reapertura de distintas vías ferroviarias pertenecientes a infraestructuras que resultan fundamentales para Andalucía, Castilla y León, Asturias y Extremadura. La iniciativa, en formato proposición no de ley, resume en su título los principales fines que persigue, entre ellos, “la reapertura del servicio de trenes en la línea Monfragüe-Astorga, recuperación del servicio ferroviario desde Asturias hasta el sur de la Península Ibérica dando servicio a Castilla y León, Extremadura y Andalucía”, además de incluir en su enunciado su voluntad para “contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mitigando el cambio climático”.
La proposición no de ley la firma Alberto Garzón como portavoz adjunto del grupo confederal y, junto al coordinador federal de IU acompañan su rúbrica los/as también diputados/as de esta formación Eva García Sempere, Félix Alonso y Yolanda Díaz, los/as dos últimos/as encuadrados/as respectivamente en las confluencias de En Comú Podem y En Marea, respectivamente, además de otro/as parlamentarios/as del grupo.
La parte propositiva de la iniciativa plantea directamente “incluir la línea ferroviaria entre Astorga y Plasencia, ahora cerrada al tráfico ferroviario, en la Red Básica Ferroviaria Transeuropea sobre la traza existente -que ya tiene el impacto ambiental asumido-, con las modificaciones técnicas y de itinerario necesarias a los tiempos actuales y a las necesidades de transporte de mercancías, y evitando, en todo caso, más levantamientos de vías que buscan la desafectación del itinerario”.
La inclusión en la Red Ferroviaria Transeuropea resulta fundamental, de ahí que se exponga con nitidez que “en 2023 la Comisión Europea definirá la nueva Red Básica Ferroviaria Transeuropea, que se pondrá en servicio en 2030, donde debe contemplarse la línea Astorga-Monfragüe” y que estas decisiones “se tomarán basándose en las normas de obligado cumplimiento en todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea”.
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea propone también “tener en cuenta dicha línea -y su extensión hacia Sevilla y Huelva con conexión con el Puerto de Algeciras- en las normas del Cuarto Paquete Ferroviario de la Unión Europea”, así como “añadir esta línea a las que constituyen el Corredor Atlántico, dentro de los nueve corredores fundamentales de la Red Transeuropea de Transporte Ferroviario”.
Las citadas leyes y el Cuarto Paquete Ferroviario de la UE señalan que la planificación, el desarrollo y la explotación de las redes transeuropeas de transporte ferroviario deben contribuir a la consecución de importantes objetivos de la UE definidos, en particular, en la Estrategia Europa 2020 y en el Libro Blanco del Transporte 2011 de la Comisión Europea, como el fortalecimiento de la cohesión económica, social y territorial. Estos documentos tienen, asimismo, los ‘objetivos específicos de permitir el transporte sin fisuras, seguro y sostenible, de personas y de mercancías, asegurando la accesibilidad a todas las personas y la conectividad de todas las regiones de la Unión Europea’.
La iniciativa plantea también “realizar los estudios ferroviarios y proyectos técnicos necesarios para que en un año puedan licitarse, entre los respectivos tramos comarcales correspondientes, las obras de adecuación de la plataforma ferroviaria, así como la instalación y el material fijo de rodadura de ancho variable y sistemas necesarios de señalización, comunicaciones, y seguridad”.
La proposición no de ley se completa instando al Gobierno del PP a “rehabilitar las estaciones y zonas de atención a las personas en las edificaciones actuales disponibles o la ejecución de las obras nuevas necesarias” y a “promocionar las futuras conexiones comerciales, turísticas y de viajeros que den viabilidad económica a este corredor occidental”.
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea recuerda que en este mismo sentido de optimización del ferrocarril “se ha pronunciado el Parlamento andaluz conectando los puertos de Algeciras y Hueva con los corredores Mediterráneo y Atlántico, ya que Algeciras es el mayor puerto español en tráfico marítimo, y el de Huelva está situado en el más destacado polo químico del sur de Europa. La Línea del Oeste conectaría ambos corredores, además de abrir la importante relación del los puertos citados con Avilés, Gijón, A Coruña y Vigo”.
Del mismo modo, “iniciativas sociales en Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía abogan por la reapertura de la Vía de la Plata como justa reivindicación social de relacionar pueblos y comarcas que ven en el tren una base extraordinaria para el desarrollo de la actividad productiva, mejora de las condiciones de vida y mantenimiento de la población rural, ante la situación de áreas deprimidas que presentan en estos momentos”.
Se constata también que las iniciativas de gobiernos anteriores durante décadas para suprimir miles de kilómetros de ferrocarril calificado de ‘deficitario’ “ha resultado más que negativa, hecho evidente con el paso del tiempo, las deficientes partidas presupuestarias para el tren normal no mejoran sino que empeoran esta situación, en el caso de los trenes de cercanías, de los trenes regionales, de los trenes de mercancías y de las Obligaciones de Servicio Público en el Transporte Ferroviario”.
Garzón, Alonso y Mena piden que el presidente del CSD informe al Congreso sobre qué datos tiene el Gobierno del supuesto amaño de competiciones deportivas, en especial en la Segunda B de fútbol
Los diputados que firman la iniciativa quieren que las explicaciones alcancen a todas las disciplinas deportivas que puedan estar afectadas por el amaño de partidos, aunque la vinculan directamente al caso del club de fútbol Eldense, en el que han sido detenidas ya cinco personas
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y los diputados catalanes de esta formación encuadrados en la confluencia En Comú Podem, Félix Alonso y Joan Mena, han registrado hoy la petición para que el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete Lasa, comparezca de forma urgente ante la Comisión de Educación y Deporte del Congreso para que ofrezca la información de la que dispone el Gobierno en relación al supuesto amaño de competiciones deportivas vinculadas a las apuestas ilegales.
En concreto, la iniciativa parlamentaria registrada esta misma mañana busca que el máximo responsable del CSD “explique la problemática de las apuestas ilegales en las competiciones deportivas y, en particular, los recientes sucesos en el fútbol de Segunda División B con jugadores supuestamente implicados en la adulteración de resultados”.
De esta forma, aunque los diputados que firman la iniciativa quieren que las explicaciones alcancen a todas las disciplinas deportivas que puedan estar afectadas por el amaño de partidos, ésta se vincula directamente al caso conocido hace unos días que afecta al club de fútbol Eldense.
Las últimas informaciones apuntan que la Policía ha detenido a cinco personas de este club de la Segunda División B en relación al presunto amaño del partido del pasado sábado entre este equipo y Barcelona B, en el que los alicantinos perdieron por 12-0. Además del entrenador del Eldense, Filippo Vito di Pierro, y el responsable del grupo inversor italiano que gestiona este club desde el pasado mes de enero, Nobile Capuano, fueron arrestados los jugadores Nico Cháfer y Maiki Fernández, además del técnico Francisco Ruiz Casares.
Además, las investigaciones sobre presuntos amaños de partidos y sobornos no se paran en este último encuentro, ya que la investigación se habría extendido a otros cuatro partidos del Eldense.
IU impulsa su campaña ‘Matricúlame en la Pública’ para reivindicar “este acto consciente en defensa de un servicio público fundamental y necesario”
Enrique Díez, coordinador del Área Federal de Educación, explica que “frente a un Gobierno del PP empeñado en desmantelar la enseñanza pública al tiempo que promociona y favorece al sector privado, reivindicamos la primera como la única capaz de garantizar la gratuidad, la cohesión social, la compensación de la desigualdad, el laicismo educativo, así como el éxito escolar de todos y todas, sin segregaciones y exclusiones”
Izquierda Unida, a través de su Área Federal de Educación, impulsa una campaña cuyo objetivo principal queda claramente explicitado en su eslogan: ‘Matricúlame en la pública’, coincidiendo con el plazo abierto de reserva de plaza en los centros escolares. Enrique Díez, coordinador del área, explica que “se trata de una campaña en positivo para reivindicar la matriculación en la educación pública como un acto consciente de puesta en valor de este servicio público fundamental y necesario. Estar en la enseñanza pública es la manera más elemental, sencilla y sincera de defenderla”.
Para Izquierda Unida, “frente a un Gobierno del PP empeñado en desmantelar la enseñanza pública al tiempo que promociona y favorece al sector privado, queremos reivindicar la primera como la única capaz de garantizar la gratuidad, la cohesión social, la compensación de la desigualdad, el laicismo educativo, así como el éxito escolar de todos y todas, sin segregaciones y exclusiones”.
Del mismo modo, esta actuación política persigue que las familias tomen conciencia de manera más directa “de la calidad de la red de centros públicos donde, pese a las sucesivas políticas de recortes de los últimos años impuestas por los gobiernos del PP y del PSOE, las plantillas docentes, la preparación de sus profesionales, los recursos materiales y las infraestructuras siguen al servicio de una educación integral y para la vida de los niños y niñas. Queremos que la educación pública siga alejada de una orientación sólo hacia el mercado, enfocada hacia el negocio y la obtención de beneficios, como es cada vez más frecuente en los centros privados financiados públicamente”, advierte Díez.
“Como hemos demostrado en pormenorizados análisis e investigaciones, propios y ajenos, ya expuestos públicamente con anterioridad -señala el responsable federal del Área de Educación de IU- el coste por alumno y curso en la privada y privada-concertada es similar al de la pública, pero supone un desembolso muy superior al promedio del gasto en la pública en conceptos como materiales y libros escolares, transporte, salidas o actividades que se cargan a las familias. Es decir, estamos ante un auténtico ‘repago’ educativo”.
Para Izquierda Unida, “la escuela pública es la escuela de todos y de todas, accesible y garante del derecho a la educación sin buscar negocio; no excluye ni segrega porque una de sus principales finalidades es generar cohesión social”.
“Es integral, equitativa y solidaria porque educa integralmente, no sólo buscando resultados académicos. Garantiza la igualdad de oportunidades y compensa desigualdades de partida, además de buscar el éxito escolar y social de todos y de todas”.
“También es innovadora y global porque cuenta con profesionales comprometidos y en continua preparación; no pretende que un centro sea el mejor, sino que todos sean los mejores”.
“Es democrática, laica e inclusiva porque las familias participan y deciden, no son meros ‘clientes’. La educación pública persigue educar en libertad y no impone dogmas y creencias particulares. Considera la diversidad como una oportunidad y una riqueza”.
“Por todo ello -expone Enrique Díez-, Izquierda Unida pretende desarrollar su campaña ‘Matricúlame en la pública’ en todo el Estado, barrio a barrio y centro a centro. Queremos animar a las familias a escolarizar a sus hijos e hijas en centros educativos públicos como garantía de una educación de calidad para la socialización de todos y todas en convivencia, una convivencia independientemente de la procedencia, religión, sexo, capacidad o cualquier otra circunstancia individual del alumnado o sus familias”.
MANIFIESTO DE LA ASAMBLEA LOCAL DE IZQUIERDA UNIDA DE POSADAS CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO
Este 8 de
marzo de 2017, se conmemora en un contexto histórico y político lleno de
dificultades para la sociedad en general y para las mujeres en particular.
El contexto
del que hablamos está marcado
por el ascenso de la extrema derecha en el mundo occidental como consecuencia
de las políticas reaccionarias llevadas a cabo por los gobiernos europeos, del
repliegue de la social democracia a favor de los mercados y los envites que
sufre la izquierda allí donde pretende tener influencia política.
En este
mundo globalizado dominado por grandes multinacionales y fortunas, por
monopolios y mercados, significa para
las mujeres la paralización de todas las políticas públicas que estaban
encaminadas a conseguir mayores cotas de igualdad y, aún peor, el avance de una
cultura global que desdeña la igualdad como principio de convivencia.
Por eso hoy
más que nunca debemos asentarnos en los pilares del feminismo. Ese feminismo
que persigue el respeto a las diferencias y la igualdad real. Ese feminismo
alejado de la política revisionista y acomodada en las instituciones. Ese
feminismo que cambió el mundo a través de una revolución que modificó la
práctica y el sentido de la política, transformando sus objetivos en
Universales.
Los poderes públicos tiene la
responsabilidad de poner los medios a su alcance para que la igualdad sea una
realidad inaplazable bajo ninguna circunstancia.
La igualdad
real entre mujeres y hombres necesita de una educación, de una salud, de
una historia, de una cultura, de
una economía,... enfocadas con
perspectiva de género. Ello sólo es alcanzable mediante la voluntad decidida y
tenaz de los gobiernos e instituciones públicas.
El 8 de
marzo, Día Internacional de las Mujeres, es el momento para que todos y todas
mostremos nuestra disconformidad con la desigualdad entre mujeres y hombres.
Comprometiéndonos
a exigir:
Que se tomen medidas
reales, cualificables y cuantificables para que la igualdad de las mujeres sea
un hecho y no una mera aspiración.
Inmaculada Nieto: “Pelearemos por las propuestas de Salud que han rechazado PSOE y C’s"
Análisis tras el debate general de sanidad en el Parlamento
La portavoz de IU Andalucía en materia de salud, Inmaculada Nieto, ha señalado hoy en rueda de prensa celebrada en Cádiz que su grupo parlamentario tiene como reto lograr poner sobre la mesa las propuestas en materia de salud relativas a la provincia de Cádiz que fueron rechazadas el pasado jueves en el debate monográfico sobre sanidad de la Cámara andaluza. “Pelearemos para que la Junta incorpore a su agenda las propuestas de Salud que han rechazado PSOE y C’s, porque son necesarias para la provincia de Cádiz”, apuntó Nieto.
Explicó la parlamentaria de IU por Cádiz, que “después de solicitar tres veces formalmente” este debate monográfico, “de que C’s levantara el veto y de que el PSOE abandonara un poquito la arrogancia y la autocomplacencia”, se logró la celebración de este Pleno en el que pese a que IU sacó adelante 30 de las 35 resoluciones presentadas, no consiguió sin embargo, que ninguna de las propuestas relativas a la provincia de Cádiz pasaran el filtro de PSOE y C’s. Así, apunta Nieto que “la única resolución territorial de problemas específicos que afectan a una provincia que PSOE y C’s han tumbado ha sido la de la provincia de Cádiz”; “y esto, pese a que el consejero –indica la parlamentaria- no se cansa de decir que la provincia de Cádiz es una anomalía, que hay muchas dificultades a corregir, que hay mayor precariedad laboral que en otras áreas, que es verdad que hay descompensación con la concertada… El discurso se lo sabe el consejero muy bien, pero es la única resolución territorial que fue rechazada”.
Nieto señaló que la resolución en cuestión “que no ha sido aprobada hablaba de la necesidad de poner en carga para la ciudadanía equipamientos público terminados que vendrían a revertir el desequilibrio existente con la sanidad concertada”, tales como el Hospital de La Línea, el Chare de Vejer, “que estaba previsto que entrara en funcionamiento en 2008”, o el Hospital de San Carlos, “con dos plantas abiertas y seis cerradas”. Y es que según destacó la diputada andaluza, se la circunstancia de que “la provincia de Cádiz es la única de toda Andalucía en la que la red mayoritaria es la privada y la red auxiliar es la pública”, cuestión que para IU es “un problema urgente a atajar, porque todos sabemos que en la provincia de Cádiz la prestación de los servicios de la concertada es mucho más que auxiliar”.
Junto a estas demandas, las propuestas de IU sobre la provincia incluían la elaboración de un plan de superación de la precariedad laboral, dar solución a los déficits de Atención Primaria y de los consultorios de ámbito rural, unidos a la apertura de los equipamientos reseñados, dar cumplimiento al compromiso de apertura del servicio de Radioterapia de Jerez, junto a la finalización del mapa sanitario de la provincia o el mantenimiento del helicóptero del 061 durante todo el año. En el apartado de precariedad, Nieto hizo especial hincapié en el grado de “precariedad” que soporta el personal de limpieza de los hospitales públicos de la provincia, a causa de un pliego de condiciones que calificó de “disparate” en el que “aún pidiendo al empresario que cumpla el pliego, sigue siendo inasumible, puesto que ni contempla que se cubran las bajas”.
La portavoz de Salud calificó finalmente de “inaceptable que el Partido Socialista, que el consejero, que Susana Díaz, sigan hablando desde la autocomplacencia de una sanidad que hace acrobacias quirúrgicas, presumiendo de grandes logros en investigación biomédica, que están muy bien y saludamos, mientras una persona tiene que esperar dos años para una prótesis de rodilla o dos horas para ser atendido por una ambulancia”. De ahí la exigencia de IU de que la Junta cumpla las resoluciones aprobadas y de que se incorporen las que fueron rechazadas en el debate, “pero son imprescindibles para la provincia de Cádiz”.
Por su parte, el coordinador provincial de IU, Fernando Macías, hizo un llamamiento a participar masivamente en la manifestación del próximo domingo convocada por la Marea Blanca, por una sanidad con apellidos, “pública, gratuita y de calidad” y “para que no haya una sanidad para ricos y otra para pobres”. Denunció el alto grado de “precarización que mantiene la administración pública, a la que parece que nos estamos acostumbrando”. Macías recordó las deficiencias que soportan en materia sanitaria las pedanías y barriadas rurales, “para los que la visita al médico se convierte en un auténtico suplicio”; apostó por “acabar con la eventualidad” y propiciar la puesta en marcha de planes de salud en los municipios, orientados a la prevención sanitaria, cuestión que según aseguró, será desarrollada en los municipios en los que gobierna IU.
Garzón señala que buscará que la comisión de investigación sobre las entidades financieras “abarque al conjunto del mayor saqueo y estafa de la historia de España” y no sólo a Bankia
El coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz adjunto de Unidos Podemos detalla en el Congreso la trascendencia de haber conseguido que el resto de grupos dieran hoy el visto bueno, pese a todas las trabas del PP, a la tramitación parlamentaria de esta comisión de investigación impulsada por IU y registrada por el grupo parlamentario el pasado 11 de enero
El coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ha asegurado hoy que tratará de que la ‘Comisión de Investigación sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades financieras durante la crisis’ que se debatirá en el Pleno del Congreso la próxima semana “abarque al conjunto de la estafa financiera” y no se limite sólo a la salida a Bolsa de Bankia, como pretenden otros grupos. Garzón especificó que “pediremos la mayor extensión posible” para el ámbito de investigación de esta comisión.
El máximo responsable de Izquierda Unida explicó hoy en varias ocasiones en la Cámara Baja -la última de ellas tras la reunión de la Junta de Portavoces, junto a la diputada de IU encuadrada en la confluencia En Marea, Yolanda Díaz, y los parlamentarios de En Comú Podem y de Podemos Josep Vendrell y Alberto Montero, respectivamente- la trascendencia de haber conseguido que el resto de grupos dieran el visto bueno a la tramitación parlamentaria de esta comisión de investigación impulsada por IU y registrada por Unidos Podemos desde el pasado 11 de enero, a pesar de todas las trabas puestas por el PP.
“Queremos conocer la verdad -detalló Garzón- saber el nombre y apellidos de quienes han saqueado nuestro país y han estafado a las familias más humildes, y de quienes han usado instituciones como el Banco de España para permitir el mayor saqueo y estafa de la historia de España”.
Señaló que es “absolutamente urgente” que se constituya y empiece a funcionar esta comisión de investigación, mucho más tras las últimas novedades conocidas en el ‘caso Bankia’ a raíz de la imputación del ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y de otros altos cargos hasta ayer en activo en esta institución.
Alberto Garzón apuntó también que su intención es seguir el ejemplo de las comisiones de investigación creadas en otros países, como la que tuvo lugar en el Congreso de los Estados Unidos, para conseguir que los trabajos en el Parlamento español tengan la “mayor extensión investigadora posible”.
Detalló que “no queremos que se circunscriba sólo a dos o tres eventos concretos -en alusión a investigar sólo sobre Bankia como quieren, entre otros, el PSOE- sino investigar el conjunto de la crisis.
Recordó que esta petición de creación de una comisión de investigación sobre el rescate bancario en su conjunto es consecuencia de la que ya planteó Izquierda Unida en dos ocasiones -en 2012 y 2014- y que el Partido Popular logró vetar gracias a la mayoría absoluta de la que disfrutaba entonces.
Garzón confía en que la mayoría de grupos del Congreso voten favorablemente la próxima semana esta propuesta de Unidos Podemos, cuyo contenido recordó que engloba y va más allá del de las otras iniciativas similares registradas a toda prisa esta misma mañana por otros grupos para no quedar descolgados de la realidad política, como ha ocurrido con el Grupo Socialista.
Preguntado por los periodistas sobre esas otras iniciativas, valoró que “la nuestra es suficientemente amplia para que en ella se puedan incluir las demás”, al tiempo que lamentó que a alguno de esos grupos que no han sabido reaccionar a este tema hasta hoy, tras años de silencio parlamentario, “parece que les preocupa más la competición para ‘ponerse las medallas’ más que las ganas de saber la verdad” sobre este importante tema que ha costado hasta el momento más de 60.000 millones de euros de dinero público, como han constado organismos como el Tribunal de Cuentas.
IU plantea al Gobierno un ambicioso “plan global de reactivación industrial liderado por el sector público y con participación sindical”
Alberto Garzón firma la iniciativa que espera que pueda debatirse cuanto antes para que, frente a la “peligrosa inacción y la falta de respuesta del PP” ante la destrucción de la industria se avance hacia un “nuevo modelo productivo basado en el empleo de calidad, la innovación tecnológica, la sostenibilidad medioambiental y el fortalecimiento del mercado interior”
Izquierda Unida mantiene su seria preocupación por la situación económica por la que atraviesa el Estado español desde hace años, pese a la reiterada propaganda del Gobierno del PP sobre una mejora sustancial y una paulatina salida de esta larga crisis. Es en este contexto, dentro de las propuestas concretas que realiza esta formación para enfrentar los graves problemas que tratan de ocultarse, donde se encuadra la iniciativa parlamentaria registrada esta semana por el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, para, entre otras cuestiones, instar al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que desarrolle “un plan global de reactivación industrial liderado por el sector público y con participación sindical” con el que avanzar en un “nuevo modelo productivo basado en el empleo de calidad, la innovación tecnológica, la sostenibilidad medioambiental y el fortalecimiento del mercado interior”.
Esta propuesta, elaborada con el formato parlamentario de proposición no de ley, busca ser también una llamada de atención sobre la “peligrosa inacción y la falta de respuesta del PP hacia un sector que nunca ha estado entre sus prioridades ni para el crecimiento sostenido del país, ni para la creación de empleo estable y de calidad”.
De ahí que IU plantee también en su iniciativa “articular planes sectoriales para hacer frente a los procesos de reestructuración y deslocalización industrial, y desarrollar políticas de cualificación y formación profesional en los ámbitos productivos”.
Garzón analiza y pone cifras a lo que está pasando en realidad. Cita un estudio de CC.OO para denunciar que “no se han tomado medidas para suavizar los desequilibrios y dificultades que arrastran los sectores que deberían pilotar la recuperación económica”. De esta forma, “la industria sólo ha recuperado el 22% de la producción que se destruyó durante los años más duros de la crisis. Su participación en el PIB se sitúa 7,5 puntos porcentuales por detrás del objetivo (un peso de la industria en el PIB agregado europeo del 20%) que aspira alcanzar la Unión Europea (UE) en 2020”.
La crisis industrial necesita de respuestas que alcancen también a otros sectores, de ahí que IU proponga también “crear un polo de banca pública en nuestro sistema financiero con divisiones especializadas en la financiación empresarial”.
Las cifras en la industria son desoladoras. Alberto Garzón recurre a datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) para explicar que “el 1 de enero de 2008 había en España 3.414.779 empresas, de las cuales el 7,2% (245.954 empresas) eran industriales. Además, el 23,7% de las grandes empresas eran industriales. El 1 de enero de 2015, el número de empresas descendió hasta 3.182.321, de las que el 6,2% son industriales (197.191 empresas). El porcentaje de grandes empresas que son industriales descendió hasta el 21,2%. La pérdida de empresas en el sector industrial ha sido superior en términos relativos a la producida en el conjunto de la economía”.
La completa iniciativa que firma el coordinador federal de IU, para la que espera tener pronto cupo y poder incluirla en el orden del día para su debate, insta también al Ejecutivo del PP a “fomentar el diseño industrial, la calidad y la cooperación entre pequeñas y medianas empresas para acometer proyectos industriales de cierta dimensión, la internacionalización para la exportación y la apertura de nuevos mercados”.
Garzón advierte también de un hecho tan significativo como que entre 2008 y 2015 “el empleo industrial ha pasado de suponer el 16,3% al 13,6% del total en España. El empleo asalariado en la industria ha descendido desde el 17,5% al 14,7% entre el primer trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de 2015, según la Encuesta de Población Activa (EPA)”.
Avisa también de que es “un error apostar por la reducción de costes laborales como elemento central de la competitividad de las empresas. Esto hace que España se perpetúe como el ‘low cost’ de los países del euro frente a la evidencia de que las industrias más competitivas se caracterizan por altos salarios y calidad en el empleo. Por el contrario, mejorar la productividad para obtener menores costes de producción, exige impulsar la investigación y el desarrollo, y una política energética bien planificada”.
De ahí que en la parte propositiva de la iniciativa Izquierda Unida plantee “converger con Europa en inversión pública en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), y estimular la participación del sector privado en actividades innovadoras”.
Alberto Garzón cierra sus propuestas para abordar los graves problemas de la industria con una de absoluta actualidad en las últimas semanas, dada la repercusión del precio de la energía en las empresas. Por ello, plantea que se establezca “una planificación energética que apueste por las tecnologías renovables, reduzca la dependencia del exterior, considere al suministro eléctrico como un servicio público esencial e introduzca transparencia en la formación de precios en el mercado de la energía”.
IU solicita a Fiscalía una investigación a las compañías eléctricas por prácticas fraudulentas
Maíllo: "Si las eléctricas fueran estatales esta especulación en el precio de la luz no se habría producido"
El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, junto alcaldes, diputados y cargos públicos han presentado una denuncia solicitando al Ministerio Público que investigue por qué, en un periodo de altísima demanda como el de esta ola de frío, las empresas han modulado a la baja la producción de las centrales de gas, provocando así un encarecimiento del precio de la energía.
IU a través de esta denuncia, firmada también por el coordinador general de IU, Alberto Garzón, los cinco parlamentarios andaluces y los diputados nacionales, Miguel Ángel Bustamante y Eva Sempere, piden al fiscal que investigue también si las eléctricas que cuentan con una red deficitaria en algunas zonas del país, las llamadas zonas blancas, están incumpliendo su obligación de garantizar el acceso a la energía a todos los ciudadanos sin interrupciones
"A nuestro entender, explica el coordinador de IU Andalucía, se impone la apertura de una investigación que ponga en evidencia el recurso constante de las compañías a maniobras fraudulentas tendentes a aumentar sus beneficios así como actuaciones contundentes y ejemplarizantes que las hagan desistir de tales prácticas". "Es inaceptable y un insulto a la sociedad española", critica Maíllo, la puesta en escena del ministro de industria Nadal porque "los poderes públicos, que deben velar por el interés general y la protección de todas las personas, especialmente las más vulnerables, eludan su responsabilidad y mantengan un marco de impunidad en el que estas empresas operan con arbitrariedad, pleno conocimiento del mal que causan, y absoluto desprecio por las durísimas condiciones cotidianas a las que se enfrentan quienes no pueden pagar la energía eléctrica".
En el escrito registrado esta mañana en la Fiscalía Provincial de Sevilla, Izquierda Unida insiste que la regulación del mercado energético se ha concretado en unos parámetros legales que "favorecen los intereses empresariales en detrimento de las personas usuarias". "Incluso desde el cumplimiento escrupuloso de la legalidad vigente se produce un margen de beneficio para las compañías suministradoras difícilmente justificable desde la defensa del interés general y el carácter básico del servicio prestado por estas empresas".
Eva García Sempere, diputada de IU en el grupo parlamentario Unidos Podemos, ha recordado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reiterado en sus informes "estas disfunciones, al tiempo que ha sancionado a compañías por emprender acciones tendentes a manipular los precios al alza". En concreto, Iberdrola fue sancionada en diciembre de 2015 con 25 millones de euros, en palabras de la Comisión por “manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica”. Aquel episodio, explica, movió al gobierno a cambiar el sistema de fijación de precios, "supuestamente para evitar que la luz incrementara de golpe", aunque como la propia Comisión ha revelado en su último informe, "las modificaciones introducidas han elevado los ya escandalosos márgenes de beneficio de las empresas por encima del 30 por ciento".
Por su parte, Miguel Ángel Bustamante ha defendido la "nacionalización de las eléctricas" cuyas prácticas "están generando una gran indignación social" por tanto entendemos, insiste Bustamante, "desde lo público se debe gestionar la producción y distribución de la energía".
Desde el convencimiento de que ningún ser humano puede ser privado de este derecho por causas económicas, explica la denuncia registrada por IU, "entendemos que deben producirse profundos cambios legales en nuestro país dado que entendemos que el actual es injustamente ventajoso para las empresas y lesivo para la población". "No obstante, incluso en el ámbito de este marco legal que impugnamos, las empresas pudieran estar operando al margen de lo legalmente establecido, influyendo en los precios de la energía por razones ajenas a la prestación del servicio, y eludiendo su responsabilidad como compañías suministradoras al invertir insuficientemente en las infraestructuras que la prestación de este servicio básico requiere para garantizarlo a toda la población".
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